El Ejecutivo incorporará un avión del ala fija de la Guardia Civil con dos tripulaciones a la misión rápida de apoyo por mar a Grecia de Frontex, la agencia europea de fronteras. La fecha elegida será el próximo jueves 12 de marzo para hacer frente a la afluencia de inmigrantes a través de Turquía. Además, enviarán a cuatro miembros del Instituto Armado y un policía nacional que también pondrá en marcha Frontex.

De acuerdo a esta agencia, los primeros efectivos llegarán el próximo miércoles a Evros, a la frontera entre Grecia y Turquía. Diversos países europeos han confirmado su contribución a colaborar con Grecia. El pasado día 4, el ministro de Interior destacó "la total solidaridad de España con Grecia" y mostró la plena disposición del Gobierno para encontrar una respuesta europea a este desafío. Un desafío (valga la redundancia) que sigue muy de cerca Fernando Grande-Marlaska y que ya le ha llevado a tomar estas decisiones tan relevantes para ayudar a frenar esta crisis de refugiados, muy latente en la frontera greco-truca. Es una manera de hacer frente a la entrada masiva de inmigrantes.

Grande-Marlaska aseguró que existía una necesidad de que esta respuesta fuese extensible a nivel europeo y que estuviese asentado en la "solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad". "No podemos exigir a los Estados miembros con frontera exterior la responsabilidad en exclusiva y el caso que nos ocupa constituye un buen ejemplo", aseguró.

En este contexto de crisis migratoria, el ministro de Interior destacó que "Grecia, y también Bulgaria y Chipre, pueden contar con España para poder abordar de manera conjunta la actual situación". 

Las fuerzas de seguridad griegas han impedido la entrada de miles de migrantes y refugiados en la frontera turca en los últimos días en medio de un cruce de reproches con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien han acusado de utilizar a personas "desesperadas" para su "agenda geopolítica".

Las autoridades griegas han invocado una cláusula excepcional de la normativa europea para solicitar una ayuda adicional y paralizar las tramitaciones de las peticiones de asilo, en una iniciativa cuya legalidad ya ha sido puesta en duda por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).