Casi un año después de que quedara visto para sentencia el juicio de la pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía, la Audiencia de Sevilla dictó sentencia este martes contra los expresidentes del PSOE, al condenar a José Antonio Griñán a seis años de cárcel e inhabilitar durante nueve años a Manuel Chaves. La sentencia, de 1821 páginas, pone fin a un caso que se ha prolongado durante 9 años. Además, este fallo judicial, que asume buena parte de las tesis y petición de condenas de la Fiscalía, suma en total 68 años de cárcel y 255 años de inhabilitación para 19 de los 21 exaltos cargos de la Junta juzgados en esta trama de corrupción.

Asimismo, durante este martes 19 de noviembre las referencias y comparaciones con la trama Gürtel, la red corrupta que salpicó al Partido Popular han sido recurrentes. Recordemos que fue el 24 de mayo de 2018 cuando la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia del juicio de la primera época del caso Gürtel. Por entonces, la condena al PP por lucrarse de la red y la acreditación de la contabilidad B de ese partido desencadenó una tormenta que cambió el ciclo político en España, acabando por forzar la salida de Mariano Rajoy del Ejecutivo.

Se trataba de una sentencia de 1.687 folios que impuso condenas por corrupción a 29 acusados por un total de 351 años y un mes de cárcel, con Francisco Correa (51 años y 11 meses ), Pablo Crespo (37 años y medio) y Luis Bárcenas (33 años y 4 meses) como principales responsables.

Sin embargo, las diferencias entre ambas tramas corruptas son muchas, sobre todo en lo que a la asunción de responsabilidades se refiere. En el caso ERE, Pedro Sánchez ha hecho oídos sordos y ha obviado una problema de enorme magnitud en su partido, hasta el punto de que ni siquiera ha comparecido o se ha pronunciado a través de redes sociales sobre la sentencia. Y eso que multitud de políticos, de distinto signo, han pedido por activa y pasiva durante este martes la dimisión del líder socialista. Además, hay que tener en cuenta de haberse conocido el fallo de esta sentencia antes de las elecciones generales, es muy posible que el resultado de las mismas hubiera cambiado. Algo de lo que, obviamente, era consciente Sánchez.

En la misma línea, tampoco se ha visto este martes a la baronesa socialista en Andalucía, Susana Díaz, quien en repetidas ocasiones 'puso la mano en el fuego' por los dos expresidentes regionales. Tal como afirmó el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en La Linterna con Ángel Expósito, “Susana Díaz lleva cuatro días desaparecida”.

A lo máximo que ha llegado el PSOE ha sido a hacer comparecer a su secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien se ha remitido a eludir responsabilidades por parte del Ejecutivo en funciones y a aludir que “no afecta ni al actual Gobierno ni a la actual dirección del PSOE. (…) Los hechos se produjeron entre 2001 y 2009, cuando Pedro Sánchez fue como mucho concejal en el Ayuntamiento de Madrid”. De la misma forma ha afirmado que respeta absolutamente la sentencia, pero la ha definido como “muy dura”. Y es que buena parte del discurso de Ábalos no se ha basado en la asunción de responsabilidades, sino que ha ido dirigido al Partido Popular, a quien ha culpado de “una ceremonia de confusión orquestada para tratar de desviar la corrupción estructural y sistémica de ese partido”. Una muy dura sentencia, y una ceremonia de confusión orquestada por el PP, así ha definido José Luis Ábalos una red corrupta en funcionamiento durante nueve años, con un fraude de 680 millones de euros, que deja a un expresidente autonómico en prisión durante seis años, y a otro inhabilitado durante nueve.

En este sentido, resulta palpable el doble rasero empleado por parte del Partido Socialista. Pedro Sánchez sí compareció tras conocerse la sentencia de la trama Gürtel, y definió la situación política de entonces como “crisis, alarma, pérdida de reputación de España e indignación con un culpable: Mariano Rajoy”. Después de esto, se urdió una moción de censura contra Mariano Rajoy, que se debatió en el Congreso de los Diputados el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018, y conllevó la caída del Ejecutivo popular gracias a los 180 votos a favor de la moción (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Partido Demócrata Europeo Catalán, PNV, EH Bildu, Compromís, Nueva Canarias), y 169 en contra (PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias).

Sin embargo, esta doble vara de medir socialista se podía presagiar. También en 2018, el otrora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya preguntaba a José Luis Ábalos: “¿Se pondrá el PSOE una moción de censura cuando salga la sentencia de los ERE?”. Asimismo, en el día de ayer, el secretario General del PP, Teodoro García Egea hacía hincapié en este punto y afirmaba “si una condena a dirigentes locales de un partido (Gürtel) inhabilita al presidente para seguir en el poder, el PSOE estaría inhabilitado para gobernar incluso en funciones”. No obstante, como se ha detallado, Sánchez ni siquiera ha comparecido, a pesar de que también hizo declaraciones en el pasado defendiendo la “honorabilidad” de los dos expresidentes regionales condenados.

Por otra parte, habrá que permanecer atentos a si el PSOE hace algún tipo de autocrítica y desarrollo algún plan de transparencia y regeneración, después de una trama de corrupción que ha expoliado 680 millones del erario público. Un programa anticorrupción con la que, en la actualidad, sí cuenta en el Partido Popular, materializado en 70 medidas. Medidas tales como “la prohibición de donaciones de personas jurídicas al partido”, “ningún exalto cargo puede cobrar del Estado sí tiene otro sueldo” o “agilizar la investigación de los casos de corrupción”.

En definitiva, tenemos a un presidente en funciones ignoto, desaparecido, después de haber perpetrado una moción de censura hace solo un año por un caso de corrupción similar; y después de haber defendido a los expresidentes condenados. Una trama corrupta que evidencia la diferenciación del PSOE cuando una afecta al PP, y cuando es su partido el que se ve implicado. A pesar de haber supuesto un fraude de 680 millones de euros, y 19 personas condenadas. Asimismo, sería interesante conocer la posición real de Unidas Podemos al respecto y no a través de un tuit, ahora que han llegado un acuerdo para investir a Sánchez y después de haberse autoproclamado en repetidas ocasiones como un partido que lucha contra la corrupción, venga de donde venga.