Una vez más, el Gobierno ha vuelto a desdecirse en lo que respecta a la pandemia. Tras idas y venidas con las mascarillas, los test y los paseos de los niños en la primera desescalada, entre otros asuntos, llega la enésima vuelta de tuerca relativa al coronavirus. En este caso, el asunto es de mucho mayor peso que todos los citados: el estado de alarma y las alternativas al mismo.

España ha amanecido en este primer lunes sin excepcionalidad en muchos meses con una tribuna del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha dado mucho de que hablar. Bajo su firma, en El País, ha podido leerse lo siguiente: “Por supuesto, si de sus resoluciones (las del Tribunal Supremo, al que ahora pueden acudir las Comunidades para que interprete sus normas) se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes”.

¿Qué se ha interpretado? Que desde Moncloa se abría la puerta a llevar a cabo reformas legales por el estado de alarma. ¿Qué se ha aclarado horas después? Que, según el propio ministro Campo en 'Al Rojo Vivo' (La Sexta), “no hay ninguna necesidad” de proporcionar a las autonomías instrumentos para controlar el coronavirus más allá de la alarma.

El titular de Justicia aún ha ido más lejos: “La clave es ver que el estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo, y eso es en lo que el Gobierno cree y, por eso, no está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es suficiente”.

Así, según el Ejecutivo hay un “arsenal normativo” para contener el virus sin tener que recurrir al estado de alarma, que podría solicitarse para una Comunidad Autónoma en concreto “si les parece bueno”. Lo que está (más o menos) claro es que, a día de hoy, “el Gobierno no se plantea un cambio normativo”. ¿A qué se agarra entonces y qué le piden el resto de partidos?

Las soluciones de Moncloa

En su artículo de hoy, Campo habla de que la normalidad “pasa por que las autoridades vuelvan a ejercer, fuera ya del estado de alarma, sus competencias en salud pública”. ¿Cómo? “Contamos con una ley general de salud pública, una de medidas especiales sanitarias y otra de seguridad nacional”, destaca el ministro.

En materia legal, se puede destacar el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública: “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Más allá de esas tres leyes, Campo añade que “incluso las administraciones locales cuentan con instrumentos útiles en la prevención” (limitación de las reuniones y de los aforos, medidas en cuanto a la hostelería...). Eso sí, recuerda que en el nuevo escenario “allí donde sea necesario adoptar disposiciones que restrinjan derechos fundamentales, se deberá recabar autorización judicial”. Lo ocurrido con el toque de queda en Canarias y Navarra, por ejemplo, va en esta línea.

También hay que tener en cuenta dos reformas. Primero, la que en septiembre de 2020 llevó a “atribuir la competencia a los tribunales superiores de justicia y a la Audiencia Nacional cuando los destinatarios de las medidas sanitarias no estuvieran identificados individualmente”. Después, y sobre todo, “un recurso de casación específico para que el Supremo pueda revisar las decisiones que adopte cada tribunal superior”.

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Por último, no hay que olvidar el papel primordial que sigue ostentando el Consejo Interterritorial de Salud a la hora de tomar decisiones conjuntas sobre la pandemia. Y la posibilidad, en el caso más extremo, de solicitar un estado de alarma autonómico al Gobierno, “con el alcance que consideren”.

La postura del resto de partidos

El Partido Popular lleva meses pidiendo un plan B a Moncloa a la hora de que las Comunidades Autónomas gestionen la pandemia sin estado de alarma. Hay incluso una proposición de ley registrada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de “conjugar la protección de la salud de los ciudadanos con mayores garantías judiciales y mayor amparo de sus derechos constitucionales, además de poner a disposición de las administraciones públicas instrumentos ágiles y eficaces para la contención de pandemias y emergencias sanitarias de distinta índole”.

Las modificaciones que se plantean son precisamente en el artículo tercero ya mencionado de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Así, habría ciertas restricciones a la movilidad que podrían regularse sin estado de alarma.

“Lo tenemos muy fácil. El PP ha registrado una proposición de ley y en 15 días puede entrar en vigor. El Gobierno es que no tiene ni que hacer el trabajo, está registrada y consultada con los principales juristas de este país”, ha llegado a reconocer el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Por otro lado, en Vox ya han anunciado que habrá recursos contra “cualquier decreto autonómico” que mantenga tanto el toque de queda como el resto de restricciones derivadas de la pandemia, “venga del Gobierno que venga”.

“Es inadmisible que el Gobierno haya restringido derechos y libertades durante seis meses y ahora permita a las Comunidades Autónomas hacerlo. La culpa la tiene el Tribunal Constitucional por no dictar una sentencia a tiempo sobre cuáles son los límites. Holanda, Alemania y los tribunales de otros países han dado seguridad jurídica a sus ciudadanos. La culpa es suya y de los partidos que contribuyen a su politización”, ha declarado el portavoz del partido, Jorge Buxadé.

Desde Ciudadanos, que pactó con el Gobierno una cobertura jurídica post estado de alarma al apoyar este en 2020, se pidió modificar la ley para que fuese la Audiencia Nacional la que rigiese en cuanto a jurisprudencia y unificación de criterios sobre las restricciones de derechos fundamentales. Según el número dos de la formación naranja, Edmundo Bal, así se evitarían “los espectáculos extraños” en cuanto a la disparidad de restricciones entre Comunidades Autónomas. “Sería muy rápido que acordásemos esa reforma”, ha dejado claro.

Otra postura, radicalmente opuesta a las anteriores, es la del PNV, que querría haber mantenido el estado de alarma a nivel nacional, aunque sin las condiciones fijadas de antemano. “Luego ya veremos las medidas, porque que haya estado de alarma no supone que deba haber toque de queda o limitación de movimientos entre territorios”, ha expuesto su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. Para solicitar después idéntica modificación que el PP con respecto a la Ley Orgánica de Salud Pública del 86.

A pesar de todas estas peticiones, el Gobierno ha dejado muy claro que, por el momento, no aceptará otras posturas diferentes a la suya en lo que respecta al nuevo escenario restrictivo. Que esa hoja de ruta se mantenga invariable es algo que aún está por ver.