La ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparece este martes en el Congreso para explicar las gestiones realizadas por su departamento ante la demanda presentada en Bruselas contra el juez instructor del caso del "procés", Pablo Llarena, actuación por la que el PP ha pedido su cese.

Los populares anunciaron que promoverían la reprobación de la ministra en el Parlamento si no abandonaba el cargo y Delgado pidió comparecer para aclarar los pasos dados para defender "la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles" ante las acciones judiciales en Bélgica del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de cuatro exconselleres fugados.

El 30 de agosto el Ministerio de Justicia anunció que había encomendando al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick la representación del Estado español y de Llarena en Bruselas, una adjudicación con un valor superior al medio millón de euros.

Tanto el PP como la mayoría de las asociaciones de jueces y de fiscales se felicitaron por lo que consideraron una "rectificación" del Ministerio, que en un primer momento había señalado que se personaría en el caso si el juez belga cuestionaba la instrucción del "procés", pero "en ningún caso" por manifestaciones de carácter privado de Llarena.

En la demanda se reprochan al juez unas declaraciones realizadas ante la prensa en un curso en Oviedo en las que, según los demandantes, el magistrado demostró su parcialidad.

Para Delgado no hay ningún bandazo en la actuación de su departamento, ya que el objetivo del Gobierno es "defender hasta las últimas consecuencias la jurisdicción española", lo que pasa también por defender la actuación jurisdiccional del magistrado del Tribunal Supremo.

El Gobierno sostiene que ha atendido desde un primer momento las requerimientos del Consejo General del Poder Judicial.

La comisión permanente de este organismo concedió a finales de agosto amparo a Llarena al considerar que la demanda era un "ataque planificado" contra a su independencia y pidió al Gobierno que tomaran las medidas necesarias para defender "la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales".