La CUP ha avanzado este martes que votará en contra de la prórroga del estado de alarma por el coronavirus, ya que considera que "no se está utilizando para proteger a las personas del virus, sino como pretexto para recortar derechos, militarizar y recentralizar competencias".

El estado de alarma genera "un marco político recentralizador, que permite prácticas policiales de impunidad, que recorta derechos y que prioriza las necesidades económicas de los mercados", ha sostenido la diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí en un comunicado.

Cree que la gestión de la crisis del Gobierno central ha obedecido a intereses económicos, y ha dicho que "se habla de nueva normalidad para naturalizar una crisis económica con un crecimiento del paro y de la pobreza y un control y abuso policial que son evitables y que son fruto de decisiones políticas".

El Congreso votará este jueves una nueva prórroga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedirá este miércoles al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus y lo que empezó obteniendo en marzo un apoyo unánime puede cosechar ahora el rechazo de 62 diputados, lo que ya representa más del 17 por ciento de la Cámara.

Es la tercera prórroga que pide el Gobierno para el estado de alarma que se decretó el pasado 14 de marzo y a cada intento ha ido encontrando más contestación. La primera vez no tuvo votos en contra, pero hace dos semanas ya se encontró con el rechazo de Vox y de los antisistema de la CUP, a los que ahora se suman los independentistas de Junts.

Hasta la fecha, el Gobierno mantenía el estado de alarma en las mismas condiciones, si bien esta vez añadirá la posibilidad de que los niños puedan salir de casa a partir del próximo día 27 de abril con una serie de condiciones que debe concretar el Ejecutivo en su solicitud al Congreso.

El debate de la tercera prórroga, que llevará el estado de alarma hasta el próximo 10 de mayo, tendrá lugar en vísperas de que se ponga en marcha la comisión del Congreso donde se prevé que se negocien los futuros pactos para la reconstrucción social y económica del país.

El Gobierno ha delegado en el Congreso la decisión de poner fecha y definir el formato del diálogo, pero la Mesa de la Cámara que preside Meritxell Batet, que precisamente se reúne este martes, necesita de cierta unidad de acción de los grupos para tomar esa medida, que en todo caso no puede ser unilateral.