El segundo juicio de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía también está siendo víctima de la pandemia de coronavirus, hasta el punto de que un acusado no ha podido declarar este lunes porque ha dado positivo, igual que el abogado de una importante testigo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que está enjuiciando los 2,9 millones de euros que la Administración andaluza concedió a Aceitunas y Conservas (Acyco) en 2003, se ha vuelto a ver obligada a alterar el calendario de declaraciones tras conocer que Antonio Albarracín, exdirector de la consultora Vitalia, ha dado positivo por covid-19.

Albarracín estaba citado para declarar este lunes, aunque también permanecía a la espera de los resultados de las pruebas de la enfermedad después de que la hija de su abogado, enfermera de profesión, diese positivo el lunes de la semana pasada.

Ese mismo día, Albarracín y su abogado viajaron juntos en coche desde Granada a Sevilla, de ahí que el tribunal suspendiese la jornada para reducir el riesgo de contagio en una sala amplia pero en la que suele haber una treintena de personas entre jueces, acusaciones, abogados, funcionarios y prensa.

El letrado ha asistido este lunes a la séptima sesión, pero no así Albarracín, a cuyo positivo se ha unido el del abogado de María José Rofa, exasesora del ex director general de Trabajo Juan Márquez, que iba a declarar este martes.

Se trata de uno de los testigos más importantes de este caso, hasta el punto de que otro exdirector de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, aseguró el pasado martes que Rofa, "mano derecha" de Márquez, "borró todos los archivos informáticos" de las ayudas sociolaborales concedidas por esa Dirección General de la Junta de Andalucía.

Así pues, este lunes solo ha comparecido ante el tribunal el otro acusado relacionado con Vitalia, Jesús Bordallo, quien ha explicado que participó en el ERE de Acyco por orden de Albarracín y siempre bajo su dirección, ya que él solo era consultor y "falso autónomo".

"Maldita la hora en que entré en Vitalia", ha dicho Bordallo, que no ha ratificado lo que declaró en 2013 durante la investigación del ramo principal de los ERE porque entonces habló "bajo el miedo".

Este procesado ha indicado que Vitalia era una consultora que hacía estudios de prejubilación y gestionaba las prestaciones de los trabajadores afectados, por lo que "no debería ser" una mediadora de seguros, algo de lo que se enteró "a raíz de las actuaciones y de lo que dijo la prensa".

Bordallo ha afirmado que no pudo ser "actuario" en el ERE de Acyco porque le faltaban "herramientas y conocimientos" y, en este sentido, ha señalado que fue un trabajador de la oficina de Barcelona quien "estableció los cálculos" de lo que debían cobrar los 35 trabajadores que se iban a prejubilar.

El acusado, siempre "por indicación" de Albarracín, que era director general de Vitalia Vida, ha añadido que mandó los datos de los empleados a Barcelona y desde allí le enviaron "una plantilla con lo que iba a cobrar cada trabajador".

A pesar de que su nombre figura en las fichas de dos intrusos que cobraron la póliza de prejubilación pese a no haber trabajado nunca en Acyco, Bordallo ha respondido que delegó esas gestiones en "una administrativa" de Vitalia y que "jamás" contactó con ellos o los conoció.

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Bordallo también ha aseverado que "nunca" se reunió con los directores de Trabajo Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero, este último fallecido el pasado día 11, algo que sí hizo Albarracín.