El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, una nueva norma que sitúa a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la "acción política", según el Ejecutivo.

Tal y como ha anunciado Bolaños, la nueva ley contempla un amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que "ha mejorado", según ha garantizado, tras recoger sugerencias procedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha apuntado que la activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales, al tiempo que ha confiado en que durante su tramitación parlamentaria la ley recabe el mayor apoyo posible.

Además, las pesquisas de la Fiscalía permitirán, en su caso, determinar la autoría de algunos crímenes del franquismo, lo que permitirá en ciertos casos determinar la identidad de los responsables, que dado el tiempo transcurrido ya habrán fallecido, por lo que en ese punto concluirá la investigación, ha señalado.

Sobre la posible disolución de la Fundación Francisco Franco, Félix Bolaños ha afirmado que no será "inmediata", una vez que entre en vigor tras su aprobación por el Parlamento, y ha augurado que el procedimiento que se podrá abrir seguramente acabará en los tribunales.

También ha recordado que el proyecto impide que pueda haber enterramientos en lugares preeminentes de la Basílica del Valle de los Caídos, algo que, tras la exhumación de Francisco Franco, afecta ahora a los restos del que fue fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, que también tendrán que ser retirados. Está por ver si esta situación llegará a los tribunales.

No ha querido aventurar el ministro todavía en qué consistirá el proceso de "resignificación" del Valle de los Caídos, a la espera del proyecto que se acometa con el marco legal que se activará al amparo de la ley, sin especificar si se atenderán las demandas más extremas, como la voladura de la enorme cruz que preside el enclave.

Sí ha aclarado que si la Ley de Memoria Democrática no entra en la reparación o compensación económica a las víctimas de la dictadura y a quienes sufrieron pérdidas patrimoniales es porque ya a lo largo de la democracia se han abordado compensaciones a más de 600.000 personas por valor de 21.600 millones de euros.

El hecho de que esta ley no genere ese "derecho adicional", ha concretado, no significa que no se hayan acometido compensaciones, una parte de la responsabilidad que el Gobierno considera ya "suficientemente cubierta" por lo que ahora el paso "más allá" que quiere dar "es el paso de la dignidad".