El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial en la conocida como 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial.

Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla pasado casi un año desde el final del juicio y cerca de nueve desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.

GRIÑÁN FUE "CONSCIENTE" DE LA ILEGALIDAD

Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía entre el 2009 y el 2013, fue "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó" al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación, según explica el magistrado Juan Antonio Calle Peña en un resumen de la sentencia facilitado a la prensa.

El expresidente, que fue consejero de Economía y Hacienda entre el 2004 y el 2009 antes de relevar a Manuel Chaves en la Presidencia, asumió "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", añade el juez. En los anteproyectos de presupuestos en los que Griñán participó como consejero, se incluyó el uso de la transferencia de financiación al ente público IFA-IDEA, de la Consejería de Trabajo, dentro del programa 31L para pagar subvenciones, como se decía en las memorias de los presupuestos, recoge el magistrado.

Por ello, Griñán aprobó que figuraran como ingresos las cantidades recibidas vía transferencia de financiación del programa 31L, y que se incluyeran dentro del apartado "otros gastos de explotación", para equilibrar las cuentas. "Y ello, a sabiendas de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos, pues únicamente se limitaba a pagar", razona el ponente de la sentencia.

"La presupuestación de estos gastos ficticios evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario haber presupuestado los citados gastos ficticios", concluye el magistrado.

CHAVES PARTICIPÓ EN EL ENGRANAJE DEL SISTEMA FRAUDULENTO

Por su parte, la Sección Primera recuerda que Chaves presidía la Junta de Andalucía "cuando se empezaron articular las primeras ayudas" a trabajadores afectados por ERE "a finales de los 90 y en el año 2000". "La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión política del Gobierno en su conjunto", razona la sentencia. "Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta", destaca la resolución del ponente, Juan Antonio Calle Peña.

El magistrado también recuerda que el Gobierno "cambió totalmente el modo de proceder tras los problemas sufridos" en varios expedientes de ayuda, como Iamasa, Hamsa, y a partir del 18 de abril de 2000 se pasó de la tramitación de expedientes de subvenciones excepcionales a la transferencia de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Para la Sala, "este cambio no era un cambio menor del tipo de expediente, sino que suponía un cambio en la presupuestación", por lo que "resulta impensable que el consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo".

El responsable de esa consejería, además, "tenía que contar con el beneplácito de la consejera de Economía y Hacienda", pero "la trascendencia" del cambio "hace también impensable que esta decisión fuera asumida exclusivamente" por ella, sino que más bien al contrario "exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta". "Al traspasarse los fondos desde la Consejería de Empleo al IFA", además, el cambio suponía que "se iba a omitir la fiscalización previa de las ayudas". Esa modificación fue "consentida por el presidente de la Junta" y "se plasmó por primera vez" cuando el Consejo de Gobierno aprobó la modificación presupuestaria de 18 de abril de 2000 "que supuso la sustitución indebida e ilícita de las partidas presupuestarias 47 y 48 por la 440", la transferencia de financiación al IFA.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El tribunal, en cambio, recuerda que "no había déficit de financiación", por lo que "el dinero podría haber llegado al destinatario sin necesidad de haber realizado la modificación presupuestaria", pero "en ese caso se hubiese tenido que tramitar un expediente de subvención sometido a fiscalización previa, lo que podía obviarse (...) al utilizar la figura de la transferencia de financiación".

El ponente señala que Chaves, "como presidente del Consejo de Gobierno, aprobó las modificaciones presupuestarias" del programa 31L" y también "participó en la aprobación del anteproyecto de presupuestos y envío del proyecto al Parlamento" entre 2002 y 2009, por lo que "conocía que (...) se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA".

PRISIÓN PARA LOS EXCONSEJEROS VIERA, FERNÁNDEZ, VALLEJO Y AGUAYO

Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día, mientras que los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) han sido condenados a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. La Fiscalía Anticorrupción pedía para los tres ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción les pedía diez años de inhabilitación por prevaricación.

El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta. Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción les pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

SÓLO DOS DE LOS 21 ACUSADOS TOTALMENTE ABSUELTOS

Sólo dos de los 21 acusados han sido absueltos totalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Los exsecretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina y el exdirector de la agencia IFA-IDEA, Jacinto Cañete, sólo han sido condenado por prevaricación y no por malversación, por lo que no irán a prisión como pedía la Fiscalía y sólo reciben condenas de inhabilitación.