La Audiencia de Sevilla ha condenado al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación en el caso de los ERE.

La sentencia concluye que como responsable del Gobierno autonómico, entre los años 1996 al 2009, Zarrías presidía la Comisión General de Viceconsejeros, por donde pasaban todos los expedientes de modificación presupuestaria, así como el anteproyecto de presupuestos de cada año. Por ello, asevera que estuvo presente en la aprobación de la mayoría de las modificaciones presupuestarias que afectaron, primero al programa 22E y luego al programa 31L. Así, "participó" en la aprobación de las modificaciones presupuestarias, que supusieron la reducción de la partida 472.00, que era la adecuada para la concesión de subvenciones y dotar de fondos a otra que "no era" legalmente apropiada para su otorgamiento, la partida 440.01 "Transferencia al IFA en materia de Relaciones Laborales".

También da por hecho el fallo que participó en la aprobación de los proyectos de presupuestos correspondientes a los ejercicios económicos del 2000 al 2008 y que conocía cuál era la regulación legal de las ayudas y el sistema instaurado en la modificación presupuestaria de 18 de abril del 2000, que se incluyó en el presupuesto del 2002. "No es que se apartara del citado marco legal, sino que era contrario al mismo", añade el tribunal.

Detalla que Zarrías aprobó los planes anuales de control financiero permanente de las entidades públicas dependientes de la Junta. Dentro de la documentación que integraba el expediente a elevar al Consejo de Gobierno, se incluía como anexo, una memoria de control financiero permanente.

La memoria de los trabajos realizados en el 2006, mencionaba entre los "incumplimientos detectados, el uso indebido" de las transferencias de financiación para financiar subvenciones excepcionales, que habrían requerido - indica el tribunal- de una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa. El exconsejero de Presidencia no sólo presidió la citada sesión del Consejo de Gobierno, sino que presentó la propuesta, afirma la sentencia, que asevera que el encausado era "plenamente consciente de la patente ilegalidad" de los actos en los que participó. En su declaración durante el juicio, Zarrías defendió que "había regulación y normativa" para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas de los ERE.

En el 2011 fue elegido diputado del Congreso y en junio del 2015 dejó su acta para darse de baja como militante del PSOE el 1 de junio del 2016. Antes, entre 2009 al 2011, fue Secretario de Estado de Cooperación Territorial y del 2010 al 2012 secretario federal de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE.