La juez María Tardón ha dividido en 3 piezas la causa sobre el presunto blanqueo en España de fondos procedentes del saqueo de la petrolera venezolona PDVSA "a fin de posibilitar la pronta conclusión" de la instrucción, dar un "impulso a las actuaciones" y agilizar el enjuiciamiento a fin de evitar dilaciones "innecesarias".

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional acoge así en un auto la petición que en este sentido le hicieron abogados de los investigados en esta causa, que se inició en 2017 a raíz de una denuncia de PDVSA y que la magistrada se declaró competente para investigar tras aceptar en 2019 la inhibición de un juzgado de instrucción de Madrid.

Entre los investigados figuran venezolanos afincados en España, entre ellos dos exviceministros, el de Energía Nervis Villalobos y el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, así como el presidente del canal televisivo venezolano Globovisión Raúl Gorrín.

Ahora Tardón, ante la "singular extensión y complejidad" del procedimiento y el "elevado número de personas físicas y jurídicas investigadas", ve posible "escindir la causa a fin de posibilitar la pronta conclusión y enjuiciamiento de los investigados, cuyo enjuiciamiento independiente se vería agilizado sin que por ello exista riesgo de ruptura" de la "continencia de la causa".

Las tres piezas son las siguientes:

Pieza 1: Instrucción de la querella de PDVSA. En ella se investiga a Nervis Villalobos y a su esposa en relación a un simulado contrato de asesoría firmado por una sociedad, Kingsway LD, controlada por ellos y radicada en Madeira (Portugal), con la entidad Miami Export Equipment.

Según el auto, se trata de un contrato que no respondió a servicios reales "sino a la voluntad de tratar de dar una apariencia de legalidad al origen de los fondos controlados por el matrimonio" y facilitar así su introducción "en el sistema financiero español". Con ese dinero, según la investigación, adquirieron una vivienda en la urbanización de lujo La Moraleja.

-Pieza 2: En ella se investiga a José Trinidad Márquez y su pareja, Katilin Miguelina Mijares, en relación a una investigación abierta en Portugal en la que se había detectado cómo elementos del gobierno del Banco Espíritu Santo (BES) lograron obtener de entidades públicas venezolanas nuevas formas de financiación de entidades que se encontraban prácticamente en insolvencia.

Una de estas formas de financiación, fue la contratación de una entidad del citado grupo bancario, la ESAF, para la gestión de fondos de pensiones de entidades públicas venezolanas, con mandato para que tales fondos pudieran invertir en capital social del principal holding del Grupo Espíritu Santo, hasta un máximo de 700 millones de euros, explica Tardón.

A cambio de esta contratación se pagaron comisiones a personas relacionadas con empresas públicas venezolanas y a los intermediarios. Así, dice la juez, "estaría comprobado el pago de una comisión de 2.9 millones de euros " a Trinidad, quien utilizó la identidad de Domingo Galán Macías para toda esta operación.

A ese nombre recibió en sendas cuentas bancarias abiertas en Suiza y España ingresos del BES y de origen ilícito, que supuestamente destinó a la adquisición de dos inmuebles a partes iguales con Katilin Mijares en Alicante.

-Pieza 3: Se centra en un informe de la UDEF sobre una "nueva operativa sospechosa" de blanqueo de capitales por parte de Villalobos.

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En esta ocasión habría utilizado "los servicios de una organización internacional que blanquearía fondos de ciudadanos venezolanos", procedentes "de la corrupción y el fraude realizados en la empresa pública venezolana PDVSA".

En estas operaciones de blanqueo fueron detectados otros investigados como Carmelo Urdabeta y Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario, el presidente de Globovisión.

Según la UDEF, la operativa consiste en el reembolso parcial de una inversión que Villalobos habría realizado en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) domiciliada en Malta.

Este reembolso se materializa en la adjudicación de unas participaciones sociales de una sociedad española con importantes activos inmobiliarios, así como mediante la cesión de un derecho de cobro sobre esa misma sociedad, Colombus One Properties Hospitality Services, "por importe superior a los 6 millones de dólares".

Durante las pesquisas fue identificada una persona vinculada con esta operativa, Hugo Andrés Ramalho, a quien la UDEF considera como "la pieza principal en la organización de blanqueadores profesionales que han prestado servicio a los venezolanos investigados, y a una sociedad de gestión de fondos, Grupo Swissinvest".

Esta sociedad estaba gestionada por los investigados Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma, así como José Vicente Amparan Croquer y Ralph Stheinmann, "quienes -indica el auto- han creado en España sociedades de inversión inmobiliaria con fondos obtenidos de las inversiones realizadas por ciudadanos venezolanos".