La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que el magistrado que instruye la causa en la que se investiga la financiación de Podemos, Juan José Escalonilla, debe continuar indagando si hubo financiación irregular en la caja de Podemos. Una decisión que ha llegado después de que el juzgado de instrucción 42 de Madrid archivara esa parte de la causa en octubre.

La investigación parte de la denuncia que hizo el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, que sugirió que podría haber una presunta administración desleal de los fondos del a Caja de Solidaridad por parte del diputado Rafael Mayoral, por lo que no estarían siendo utilizados para los fines propios para los que se constituyó sino para pagar a un miembro de Podemos. El diario 'El Mundo' ha recogido algunas de las pruebas que podrían condenar al partido de Pablo Iglesias

Los sobresueldos

Tal y como recoge el medio, Calvente aseguró en su denuncia que hubo sobresueldos irregulares dentro del partido de Pablo Iglesias como para la gerente Rocío Val y el tesorero Daniel de Frutos, entre otros, que podrían haber sido beneficiarios de "una subido secreta y unilateral de su salario por encima de los tres salarios mínimos interprofesionales que establece como retribución máxima el Código Ético de Podemos". En la denuncia también constan otras gratificaciones relacionadas con las dietas y con desplazamientos que, en realidad, correspondían a pagos personales.

La 'caja B' del partido

El exabogado de Podemos asegura que la caja del partido fue creada tras una propuesta de Rafael Mayoral para que diversos miembros del partido pudieran donar una pequeña parte de su sueldo a la formación morada. Algo que, según asegura Calvente, nunca se llegó a hacer sino que se utilizaron para llevar a cabo "donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre supuestas entidades opacas y sin identificar". De hecho, él mismo halba de una "caja B".

El disco duro de Podemos

Otra de las pruebas que describe el diario y que además ha recogido José Manuel Calvente fue el "acceso no autorizado al ordenador de la abogada de Podemos Marta Flor y la sustracción del contenido del disco duro, ubicado en las oficinas del partido".

Al parecer, y tal y como asegura el exabogado, habría sido una operación "autorizada" por Juan Manuel del Olmo y Alberto Rodríguez. Una presunta extracción realizada por una empresa informática "de confianza de Del Olmo". Todo ello para "comprobar si en dicho disco duro había archivos personales" que pudieran comprometer a algún miembro de la formación morada después de saber que Flor podría haber mantenido relaciones íntimas con algún miembro del partido.

La sede de la formación morada

En el año 2018, Podemos adquirió el edificio de la calle Villaespesa 18 de Madrid donde situó la sede central del partido. Al parecer, tal y como recoge Calvente, podría haber habido irregularidades durante su reforma. "El importe duplicó el precio del presupuesto de ejecución de obras", recoge el exabogado.

La cooperativa Kinema

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En el año 2016, Rafael Mayoral fundó una cooperativa que pretendía servir como "gestoría laboral" para la formación morada y todos sus grupos parlamentarios. Según el exabogado del partido, la exgerente podría haber bloqueado la licitación "en beneficio de su anterior empresa y perjudicando los intereses económicos de Podemos".