Bomberos valencianos exigen el cumplimiento de acuerdos frente al Congreso

(Añade la opinión de Tragsa)

Miembros de los Bomberos Forestales de la Comunitat Valenciana, en huelga desde hace doce días, se han concentrado hoy frente a las puertas del Congreso en Madrid, para pedir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos para la adecuación retributiva a nuevas funciones y la subida salarial pactada.

El acto se ha iniciado con la llegada de dos bomberos que han recorrido más de 380 kilómetros en bicicleta desde Valencia y la entrega del acuerdo al diputado de Podemos Alberto Rodríguez.

Los bomberos de Valencia llevan desde el pasado 14 de septiembre en huelga, realizan acciones paralelas como la de hoy frente al Congreso para dar visibilidad al conflicto y facilitar la llegada a un acuerdo con el Gobierno para que de luz verde en los presupuestos a sus demandas.

El representante sindical por Comisiones Obreras del Cuerpo, Antonio Criado, ha explicado que el acuerdo involucra solo a los bomberos de Valencia, "lo que no consideran un agravio comparativo frente a los cuerpos de otras comunidades autónomas", porque "nosotros somos precarios y en las otras son semiesclavos".

Por ello, ha dicho, el Gobierno tiene que aprobar el estatuto de bomberos forestales "sin rebajas, para que todos puedan negociar sus mejoras"o.

De ahí que demandan al Ministerio de Hacienda aprobar el acuerdo firmado el 16 de febrero de este año con la empresa pública Tragsa y la Comunitat Valenciana.

El acuerdo recoge, entre otros puntos, facilitar a los miembros del cuerpo mayores de 60 años la posibilidad de asumir una segunda actividad que no conlleven el peligro al que se enfrentan -por ejemplo- en los incendios.

Además, demandan la subida salarial del 1 % el año pasado -diez euros por persona-, como el 1,75 % para 2018.

Los diputados de Podemos Ángela Ballester y Alberto Rodríguez han manifestado su apoyo a los bomberos y han asegurado que presionarán ante el Gobierno para el cumplimiento de los acuerdos.

Por su parte, la empresa Tragsa ha informado en un comunicado de que el conflicto planteado tiene un escenario económico y otro de regularización funcional.

Tragsa asegura que con carácter de inmediatez se está buscando en "colaboración permanente con los Ministerios de Hacienda y de Agricultura" una solución que permita atender la reclamación económica relacionada con el periodo de vigencia del acuerdo.

La empresa, añade, actúa como medio propio de la administración valenciana, en consecuencia no tiene capacidad para incorporar cambios en los acuerdos, ni tiene competencias propias de la Generalitat.

Tragsa argumenta que se rige, en su regulación laboral, por los convenios colectivos en vigor, por lo que la empresa no puede desbordar el mandato legal al que se somete.