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Ayuntamientos tendrán 15.000 millones extra con flexibilización del déficit

El Gobierno ha destacado hoy que flexibilizará las reglas fiscales hasta 2021 para ayuntamientos, así como para las autonomías, con el fin de que las entidades locales puedan contar con nuevo remanente hasta ese año, cuya cuantía global será de 15.000 millones para afrontar la crisis por la pandemia, según estimaciones de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).,En un comunicado, el Ministerio de Función Pública y Política Territorial y Hacienda indican en sendos co

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 06 oct 2020

El Gobierno ha destacado hoy que flexibilizará las reglas fiscales hasta 2021 para ayuntamientos, así como para las autonomías, con el fin de que las entidades locales puedan contar con nuevo remanente hasta ese año, cuya cuantía global será de 15.000 millones para afrontar la crisis por la pandemia, según estimaciones de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

En un comunicado, el Ministerio de Función Pública y Política Territorial y Hacienda indican en sendos comunicados que la ministra Carolina Darias y María Jesús Montero han presidido por videoconferencia la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que la representación local la ha encabezado FEMP, y se ha tratado dicho asunto.

Ambos ministerios han comunicado a las corporaciones locales los efectos de la suspensión de las reglas fiscales, una cuestión de "carácter excepcional" que "permitirá el uso de sus remanentes" y que "va en línea con la cláusula general de salvaguarda activada por la Comisión Europea para este ejercicio y el próximo".

"Con esta decisión, el Gobierno pretende dar a las administraciones públicas todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a familias y empresas. Ello implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto de 2020 y 2021", explican ambos departamentos en la nota.

Sobre dicha decisión, la FEMP ha comunicado en una nota que tanto la suspensión de las reglas fiscales como la derogación de los objetivos de estabilidad permitirá "la puesta en circulación de los casi 15.000 millones de remanentes de tesorería" y ello, destaca, "puede tener un efecto multiplicador que se traduzca en un incremento de hasta 2,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB)" de todo el país.

Para la FEMP, la medida hará posible que la administración local pueda "utilizar sus ahorros sin incurrir en déficit y destinarlos, no sólo a inversiones financieramente sostenibles" sino a "otras fórmulas de gasto más eficientes".

Además, la federación que preside Abel Caballero ha asegurado que el Ejecutivo les ha anunciado que pretende elaborar una norma en la que queden recogidas cuestiones como el incremento de las entregas a cuenta de ejercicios anteriores, así como la liquidación de 2018 o la habilitación de un fondo de transporte para paliar la pérdida de viajeros por la COVID-19.

Ambas ministras han expresado durante la CNAL las tasas de referencia del déficit, que no son de obligado cumplimiento pero que servirán de guía para que las entidades puedan elaborar sus presupuestos, de manera que en 2021 se situaría en el 0,1%.

Además han señalado que Gobierno estudia la posibilidad de crear un fondo para los ayuntamientos sin remanentes o en situación económica más complicada por de la caída de ingresos con la finalidad de que también reciban una financiación adicional.

Darias y Montero han recalcado a la FEMP que el Gobierno no renuncia al principio de estabilidad presupuestaria y que mantiene su compromiso con la consolidación fiscal, de manera que la suspensión de las reglas fiscales no afecta a obligaciones como el cumplimiento del periodo medio de pago, que sigue vigente para evitar el aumento de la morosidad.

Por su parte, los alcaldes del PP han urgido a Darias y a Montero a que ofrezcan un plan de ayudas para las entidades locales porque necesitan afrontar los gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia, así como el agujero en las cuentas de las concesionarias de transporte urbano.

Han valorado la propuesta del Gobierno, pero han apuntado que los ayuntamientos y diputaciones "aún no han recibido un solo euro de otras administraciones públicas y eso está provocando su "asfixia financiera".

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