A la ley de amnistía le siguen creciendo las aristas. Las últimas, las diferencias entre Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ha puesto de manifiesto y de forma evidente, en los pasillos del Congreso de los Diputados, la líder de Sumar.

Pero nadie duda de que más tarde o temprano, ambos dirigentes políticos se pondrán de acuerdo.

La esquina más sobresaliente y, también, más preocupante para el Gobierno es la posición de la mayoría de la junta de fiscales del Tribunal Supremo. Doce de esos 15 fiscales ven delito de terrorismo en el caso Tsunami, por el que sigue investigado Carles Puigdemont.

Rechazaban así, el informe elaborado por el fiscal, Álvaro Redondo, que solo veía desórdenes públicos en las protestas contra la sentencia del ‘procés’.

Fuentes de la Moncloa repiten que la decisión final, la tiene quien la tiene, en clara referencia al fiscal general del Estado. Precisamente Álvaro García Ortiz, el fiscal general, asegura que él no interviene, "los cauces estatutarios hacen que yo no haya tenido que intervenir en este caso, precisamente, porque somos una estructura organizada que tiene previsto previamente cómo solucionamos estos conflictos. Pero es, no voy a decirles el día a día, pero a diferentes escalas esto se reproduce en todas las fiscalías españolas cuando hay una divergencia de opiniones o de competencias entre diversos órganos".

En la Junta de Fiscales, celebrada este martes, "esperaban discrepancias, pero no que se elevase la decisión al superior", dicen fuentes fiscales a la jefa de Tribunales de la Cadena COPE.

Esas mismas fuentes aseguran que "no recuerdan algo así".

Utilización "torticera" de la norma

Ya al inicio de la reunión no descartaban alguna jugada. Al discrepar dos fiscales de la cúpula, el caso se tiene que elevar. Ahora hay que esperar al nuevo informe, aunque la decisión de que se investigue o no en el Supremo, la tiene la sala de Manuel Marchena.

"Si tuviesen sensatez", dicen las fuentes consultadas por COPE, "seguirían el criterio de la mayoría". Sería lo correcto, pero creen que es posible que sigan el criterio de la Audiencia Nacional". Un criterio que cambió tras las elecciones del 23 de julio.

"Todo esto huele mal", dicen las fuentes. Y hay mucho hartazgo en la carrera, en la fiscal y en la judicial. Desde la política atacan con nombres y apellidos. Les acusan de practicar el lawfair . Y desde el mundo de la justicia consideran que quien practica el ya famoso lawfair es el mundo de la política.

Una utilización torticera de la norma para aludir la ley y favorecer la impunidad de los delincuentes, nos dicen las fuentes.

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