SENTENCIA ALSASUA
Asociaciones de guardias civiles critican rebaja de penas en el caso Alsasua
Asociaciones de guardias civiles han lamentado la sentencia del Tribunal Supremo que ha rebajado este miércoles las condenas por agresión a dos agentes y sus parejas en Alsasua (Navarra) en 2016 y han reclamado medidas para proteger a los miembros del cuerpo.,En declaraciones a Efe, el portavoz de la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha expresado su respeto a la resolución judicial, pero ha lamentado que no se haya tenido en cuenta la agravante de
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Asociaciones de guardias civiles han lamentado la sentencia del Tribunal Supremo que ha rebajado este miércoles las condenas por agresión a dos agentes y sus parejas en Alsasua (Navarra) en 2016 y han reclamado medidas para proteger a los miembros del cuerpo.
En declaraciones a Efe, el portavoz de la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha expresado su respeto a la resolución judicial, pero ha lamentado que no se haya tenido en cuenta la agravante de discriminación en el caso del delito de atentado a la autoridad.
Ha pedido en ese contexto al Gobierno que aborde las modificaciones legales pertinentes para proteger a los guardias civiles en el desarrollo de su servicio y fuera del mismo, potenciando su papel como agentes de la autoridad y recordando que trabajan en localidades pequeñas, donde todo el mundo les conoce.
En la misma línea, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha subrayado en un comunicado su respeto a la sentencia, aunque ha recalcado que no la comparte porque, con el cambio de valoración, "se ha dejado a los guardias civiles agredidos desprotegidos, al igual que a sus parejas, quienes fueron víctimas también de la agresión solo por su relación con los dos agentes".
Tras destacar que si no hubieran sido guardias civiles nunca les habrían atacado, la AEGC ha recordado también que las víctimas fueron culpables para muchos de los vecinos de Alsasua y ha arremetido contra el Ministerio del Interior y la Fiscalía por no impedir celebraciones como el Ospa Eguna, que consideran un delito de odio.