La Asociación Profesional de Fiscales pide 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación para el fiscal general
Por prevaricación y revelación de secretos. Por su parte, el novio de Ayuso pide 4 años de prisión para García Ortiz por un delito de revelación

La APIF pide 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación para el fiscal general
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Avanza en el Supremo la causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos sobre la investigación fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ejerce la acusación popular, pide 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta.
Según el escrito de la APIF al que ha tenido acceso COPE, se dirige a García Ortiz como autor de dichos delitos y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como cooperadora necesaria de los mismos delitos. Para ella reclama 4 años de prisión y otros 12 años de inhabilitación.
Además, solicita que en el juicio testifique el ya ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros.
Acusa ambos de una revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta filtración de un correo electrónico clave, entre su letrado y la Fiscalía, para negociar un acuerdo de conformidad en el marco de la investigación en su contra por delitos fiscales.
El novio de Ayuso pide 4 años de prisión para el fiscal general
Por su parte, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide cuatro años de prisión para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación al acusarle de filtrar datos "confidenciales" relativos a su procedimiento por fraude fiscal.
En un escrito, solicita también 108.000 euros de multa, tres años de suspensión de empleo así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general.
Para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pide tres años de prisión como cooperadora necesaria por el mismo delito de revelación de secretos, además de una multa de 36.000 euros y suspensión de empleo de dos años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal provincial.