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Andalucía limitará los mandatos a 8 años

La medida no afectará al actual ejecutivo de PP y Ciudadanos

Andalucía limitará los mandatos a 8 años

 

COPE.es | Agencias

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 17:36

El Gobierno andaluz cambia la limitación de los mandatos de cuatro a ocho años. Lo más llamativo de este gran cambio en la administración autonómica es que no beneficiará al actual ejecutivo de PP y Ciudadanos porque la modificación de la ley, cuyo anteproyecto ha sido aprobado este martes, tiene prevista su tramitación a finales de 2020.

La aprobación del anteproyecto de ley supone la modificación del artículo 4 de la ley de Gobierno de la comunidad andaluza al incluir la inelegibilidad del presidente tras ocho años de mandato, y del artículo 22 para que los vicepresidentes o consejeros tampoco puedan repetir tras sus años de servicio, a excepción de aquellos que pasen cuatro años sin ocupar dichos cargos. No obstante, un consejero sí podría presentarse a presidente de la Junta de Andalucía una vez completada su actividad en el cargo durante los años de limitación. Asimismo, se añadirá una disposición transitoria única para que la vigencia se produzca a partir de la próxima legislatura.

El ejecutivo andaluz prevé que el plazo de tramitación en el Parlamento no bajara de los 16 o 18 meses, por lo que se pretende que la aprobación en la Cámara se realice a finales de 2020. Un hecho que provoca que la limitación se aplique a partir de la próxima legislatura y que permite al Ejecutivo andaluz actual poder estar hasta 12 años al frente de Andalucía. También posibilita que otros políticos que ya han ocupado el cargo como la líder socialista andaluza, Susana Díaz, poder volver a ocupar el cargo otros ocho años.

Esta decisión se enmarca en un paquete de medidas de regeneración democrática con las que el Ejecutivo regional pretende impulsar el estatuto del denunciante del fraude, la supresión de los aforamientos y la lucha contra la corrupción en la comunidad. Una iniciativa con la que el Gobierno regional pretende garantizar la alternancia política y la regeneración democrática, revitalizar las instituciones públicas y evitar la existencia de nuevos casos de corrupción.