La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, ha lamentado este martes que el Ministerio de Seguridad Social no escuchase "un poco más" a la Administración autonómica sobre la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

En sede parlamentaria, la consejera ha dicho que tras quince años de gestión del Salario Social Básico en Asturias, el Ministerio "escuchó" a Asturias para sacar adelante la prestación estatal. "En algunas cuestiones, ojalá se nos hubiese escuchado un poco más, porque quizá ahora estaríamos en otra situación", ha reconocido la consejera, quien ha concedido que la puesta en marcha de esta prestación es "un proceso complejo".

El objetivo del Principado, ha explicado en respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Laura Pérez Macho, es que se convoque la Comisión de seguimiento prevista en el Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el ingreso mínimo vital.

En la última nómina de la renta estatal aprobada en julio de 2020, 9.751 personas cobraron esta prestación en Asturias. En total, en el Principado hay actualmente 22.456 titulares de rentas mínimas. 3.294 tienen reconocido el ingreso mínimo, 6.426 cobran el salario social y el ingreso mínimo vital y 12.736 perciben la renta básica autonómica.

En el transcurso de la comisión, la titular de Derechos Sociales ha explicado que su departamento trabaja en la inclusión laboral con la firma de un tercer convenio para emplear a perceptores del salario social. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar suscribirá "próximamente" un acuerdo con empresas del sector de los cuidados domiciliarios a personas mayores, con el fin de que quienes perciben la renta básica autonómica puedan trabajar en este sector.

El departamento que encabeza Melania Álvarez ya ha rubricado este año dos convenios orientados a facilitar la inserción laboral de las personas que cobran el salario social, uno con la Fundación Laboral de la Construcción y otro con el Grupo Tragsa.

Durante su comparecencia en la Junta General, la titular de Derechos Sociales ha explicado que el tercer convenio se enmarca en el programa transversal ImpulSAD, diseñado para mejorar la calidad asistencial del servicio de atención domiciliaria.