En el Partido Popular no entienden por qué el Gobierno se rasga las vestiduras ahora con el llamado pin parental, cuando saben que lleva ocho meses en vigor en la región de Murcia. Pero en Génova lo tienen claro: el Ejecutivo ha querido tapar el escándalo que ha supuesto la designación de Dolores Delgado como futura Fiscal General del Estado. Y ante la magnitud de las críticas han comenzado a hacer lo que, auguran, será una constante en esta legislatura: alimentar la política de bloques, los temas que vayan a dividir a los españoles. Hoy ha sido este asunto, y mañana será otro.

En el PP causaban especial asombro y escándalo esas declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que llegaba a asegurar, sin ningún tipo de rubor, que los hijos no pertenecen a los padres, como si España fuera, apuntan, un estado soviético. Y perplejos también se han quedado al conocer ese requerimiento enviado por el Ejecutivo al Gobierno de Murcia para que cumpla la legalidad.

No entienden que se actúe con una comunidad que acata perfectamente las leyes, mientras se hace la vista gorda en Cataluña, donde se permite que haya inspectores que vigilan en los patios de los colegios para ver si los niños hablan en castellano, o donde no se deja libertad a los padres que quieren educar a sus hijos en español, apuntan.

La dirección del partido no se había planteado, hasta ahora, una posición conjunta en lo referente a ese pin parental. Dejan a cada Comunidad que elija lo que crea más conveniente pero son partidarios siempre, dicen, de apoyar cualquier iniciativa que respete la libertad de los padres. “Imagínate, bromeaban, si la charla la da Dolores Delgado”.