El Gobierno señala a los jueces que deben aplicar la amnistía tras negársela a Puigdemont

El Gobierno se ha pronunciado tras el Consejo de Ministros sobre la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía en lo que se refiere al delito de malversación y en mantener la orden de detención contra Carles Puigdemont.

Decisión que va a obligar al Constitucional a pronunciarse aunque para ello aún tardará varios meses y complica más la Legislatura Pedro Sánchez por lo caro que ponen los independentistas su apoyo a los presupuestos de 2025 y a que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat.

Todo ello cuando se ha confirmado que Puigdemont y Junqueras han mantenido en Bélgica su primer encuentro desde 2017. Desde entonces la relación entre ambos no ha sido precisamente buena. No hay que olvidar que Junqueras estuvo en la cárcel por todo el desafío secesionista mientras puse Puigdemont huyó de la justicia española.

El Gobierno pide a los jueces que apliquen la ley

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha pedido a los jueces que apliquen la ley. La Moncloa ha medido en público cada palabra y cada silencio para emplazar al Tribunal Supremo a enmendarse.

Alegría ha recordado a los jueces que deben aplicar la ley de amnistía, después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena haya rechazado perdonar el delito de malversación que atribuye al expresident catalán Carles Puigdemont y a dos exconsellers.

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha expresado el "respeto" del Ejecutivo a las decisiones judiciales, pero a la vez que dejaba caer que deben aplicar la amnistía.

"El texto de la ley de amnistía es absolutamente claro y meridiano. La voluntad del legislador también. Tan clara como las letras y el texto de la propia ley", ha subrayado Alegría.

La portavoz del Gobierno ha señalado que la ley de amnistía funciona "como cualquier otra ley", por lo que "ahora les corresponde la aplicación a los jueces".

Por otro lado, fuentes del Ejecutivo se han desvinculado de las palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que en rueda de prensa ha criticado la designación de José María Macías como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

De acuerdo a estas fuentes, se trata de "una opinión personal, porque puede haber magistrados que gusten más o menos", pero subrayan que la voz del Gobierno es su portavoz y el Ejecutivo no pone en duda la legitimidad del Constitucional "como sí ha hecho Feijóo".