Las mancomunidades, cuando los municipios cooperan para ser más fuertes

En España hay pequeños municipios que, por sí solos, no son capaces de ofrecer determinados servicios pero 950 de ellos han encontrado la solución: hacer acuerdos para cooperar, compartir competencias y ser más fuertes.

Gracias a estos pactos que alcanzan sus ayuntamientos, los municipios pueden gestionar obras que no podrían ejecutar de manera individual, trabajar en conjunto para labores de prevención y extinción de incendios, disfrutar de actividades culturales o tener un sistema de abastecimiento de agua.

Según el informe "Radiografía actual de las mancomunidades en España", elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los servicios prestados con una mayor frecuencia por las mancomunidades en España son, en su mayoría, para el servicio de recogida y tratamiento de basura.

"Es fácil imaginar que los contenedores, la maquinaria de recogida, la instalación de los diversos métodos de tratamiento de los residuos e, incluso, la preparación y ubicación del vertedero común, suponen un coste muy alto para un solo municipio por lo que ejercitar estos trabajos de forma mancomunada es la solución más adecuada", recoge el estudio de la FEMP.

Como explica la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades, del Boletín Oficial del Estado (BOE), las mancomunidades tienen también el objetivo de acercar la administración a los ciudadanos y potenciar el desarrollo social y económico "sostenible, equilibrado e igualitario" de estos municipios y de sus respectivos territorios.

Asimismo, tienen personalidad jurídica y capacidad de obrar plena e independiente de los municipios que las integran. Es decir, pueden gestionar y actuar de una manera autónoma.

Cuando varios municipios deciden constituirse como una mancomunidad, los concejales de los ayuntamientos elaboran los estatutos de las mancomunidades; las diputaciones provinciales interesadas emiten un informe y, posteriormente, los plenos de los ayuntamientos aprueban los estatutos.

"La regulación legal de una mancomunidad tendrá, por tanto, referencias a la norma estatal, norma autonómica y sus propios estatutos que tendrán valor reglamentario", expresa el informe de la FEMP.