BNG y PSdeG prometen miles de viviendas públicas, pero el PPdeG prefiere más privadas

Xavier Barros

El incremento del precio de la vivienda, que afecta en particular al del alquiler, destaca entre los temas de la campaña para los comicios gallegos del 18 de febrero con un BNG y un PSdeG partidarios de construir miles de viviendas públicas, frente a un PPdeG más propenso a la iniciativa privada.

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, indicó en varias ocasiones su voluntad de promover en Galicia 20.000 inmuebles de protección oficial para 2028, al concluir la nueva legislatura.

Su compromiso es, en caso de resultar elegido presidente de la Xunta, favorecer fondos para construir unas 12.000 viviendas de carácter privado en los próximos cuatro años de mandato, de las cuales más de 4.000 con fondos públicos.

En los últimos cinco años de gobierno en Galicia, el PPdeG solo ha concedido poco más de unas 900 viviendas públicas, pese a disponer de elevados presupuestos públicos que no ha invertido, según denuncian el PSdeG y el BNG.

Aunque Rueda solo ejerce de presidente de la Xunta desde mediados de 2022, cuando tomó el relevo de Alberto Núñez Feijóo, ha estado en el Gobierno gallego desde 2012 como vicepresidente.

El PPdeG se ha comprometido a desarrollar suelo residencial para construir vivienda protegida; a conceder fondos públicos para autoconstruir casas unifamiliares nuevas; a facilitar ayudas para rehabilitación de inmuebles y a prestar apoyo al alquiler de hogares para jóvenes y familias monoparentales.

El PSdeG propone, en este capítulo, un plan de choque consistente en poner en el mercado hasta 10.000 viviendas públicas en los próximos cuatro años, en caso de gobernar en la Xunta, además de fomentar medidas de rehabilitación de casas vacías.

El candidato del PSdeG a presidente de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, asegura que su intención es aplicar políticas públicas similares a las impulsadas por el Gobierno central, entre las que figuran ayudas a jóvenes para el alquiler o incentivos fiscales para reformas de edificios con el fin de rebajar su consumo energético.

Además, sugiere planes para desincentivar la compra de propiedades inmobiliarias con fines puramente especulativos -el PSdeG calcula que en Galicia podría haber hasta 300.000 viviendas vacías- y una ayuda a hogares en situación de vulnerabilidad, incluido una mayor protección contra posibles desahucios.

Todavía más ambiciosa, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha comprometido, en caso de ganar los comicios, a comprar con fondos públicos hasta 12.000 viviendas vacías en un plazo de ocho años para ponerlas en alquiler a precios asequibles.

El objetivo del partido nacionalista gallego es que la vivienda pública represente el 5 % del parque inmobiliario dentro de doce años, según Pontón, aspirante a ser la primera mujer en presidir el Gobierno gallego.

El BNG preconiza también poner límite a los precios del alquiler de viviendas privadas y reforzar las ayudas públicas para personas en situación de vulnerabilidad, incluido a aquellas en riesgo de no poder afrontar el pago del alquiler, además de normas más estrictas contra inversiones de carácter especulativo o propiedades destinadas a uso turístico y límites contra los precios abusivos.

También la candidata de Sumar a presidir la Xunta, Marta Lois, aboga por poner límites al precio de alquiler de viviendas, además de proponer el establecimiento de un "banco de pisos" para aquellas personas que están buscando un hogar.

También lanzar iniciativas para construir miles de viviendas públicas, ya que según los cálculos de Sumar en Galicia hay más de 18.000 personas en busca de una de protección oficial.

Recientemente la tasadora Tinsa, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, calculó que las provincias de Ourense y de Lugo, con un 43,7 % y 37,3 % de viviendas vacías respecto al total de su parque inmobiliario, figuran entre las más elevadas de la denominada 'España vaciada'.

La despoblación en esas zonas del interior de Galicia, pero también la obsolescencia de las viviendas o los procesos judiciales sobre las propiedades, explican parte de los problemas inmobiliarios de esas zonas que podrían ser clave para la formación de nuevos gobiernos en esta comunidad. EFE

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