No será un lunes normal. El Gobierno ha convocado un consejo de ministros extraordinario para aprobar -tampoco es habitual- el borrador de proyecto presupuestario para 2019. Acto seguido lo enviará a Bruselas dentro del plazo previsto. Con este “acto protocolario” lo que busca Moncloa es lanzar un mensaje a la UE de compromiso con la estabilidad presupuestaria. La ministra de Hacienda María Jesús Montero aprovechará la ocasión para desvelar si hay cambios en la senda fiscal. Le acompañará en la rueda de prensa la titular de Economía Nadia Calviño que presentará el cuadro macro que acompaña el plan, con las previsiones de crecimiento y empleo.

El Gobierno lleva el plan presupuestario a Bruselas una vez alcanzado el acuerdo con Podemos. Como se esperaba es un pacto populista que no sale gratis. Recoge una veintena de medidas sociales que suponen un fuerte aumento de gasto público, superior al los 5.000 millones de euros. Las más relevantes, el incremento del salario mínimo hasta los 900 euros en 2019 o la garantía de que las pensiones no perderán poder adquisitivo. Ese coste se compensará con el alza fiscal que viene. Se tocan todas las figuras. La mayor novedad es el aumento del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros. Montero calcula que se ingresarán 5.678 millones de euros aunque desde Podemos se eleva esa cifra hasta los 7.000 millones. Veremos. Desde luego los expertos tienen muchas dudas sobre lo que se recaudará finalmente y advierten de los efectos negativos que pueden tener muchas de las propuestas sobre el crecimiento económico y el empleo. Más con el panorama tormentoso que tenemos fuera. Basta citar la guerra comercial, los problemas de Italia, el incremento del petróleo o el alza que viene en los tipos de interés.

El acuerdo político es más un programa electoral que un plan presupuestario serio. Parece irresponsable con el escenario económico que tenemos. Castiga a empresarios, autónomos, al ciudadano. Penaliza la inversión, el empleo y el consumo. Y encima puede empeorar. Porque lo de Podemos es un primer paso. Nada más. Solo le asegura el respaldo de la formación morada. Ahora Sánchez tiene que buscar el apoyo de los independentistas catalanes, de los nacionalistas vascos y el problema es que también quieren su trozo de la tarta. Sobre todo una vez que han visto que el presidente del Gobierno ha abierto el grifo. Lo pagaremos caro.