Los pisos que soñabas por 100.000 euros ya no están a la venta: retiran 40.000 viviendas baratas del mercado

El sueño de adquirir una vivienda por menos de 100.000 euros se esfuma para miles de españoles. El Gobierno ha confirmado que más de 40.000 pisos de Sareb —la conocida como “banco malo”— dejarán de estar a la venta en el mercado libre tras su traspaso progresivo a Sepes, la entidad pública que impulsará el nuevo parque estatal de vivienda. Se trata de la mayor bolsa de pisos baratos del país, con un precio medio de unos 102.000 euros, que ahora pasará a formar parte del mercado público de alquiler asequible.

Impacto millonario y futuro incierto

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Este movimiento supone no solo un cambio de modelo en la política de vivienda del Estado, sino también un duro golpe al mercado inmobiliario de compraventa en las zonas donde más presencia tenían estos inmuebles. La Comunidad Valenciana, con el 28% de las ventas, y Cataluña, con el 19%, serán las regiones más afectadas. Les siguen otras comunidades como Castilla y León o Andalucía, donde también se había intensificado la operación de activos residenciales de Sareb en los últimos años.

La decisión del Ejecutivo no es solo una estrategia de ampliación del parque público de vivienda. Supone también una sacudida económica para la propia Sareb. La compañía dejará de ingresar al menos 5.900 millones de euros, de los cuales unos 4.000 millones procedían directamente de la venta de viviendas. La cifra cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, en el primer semestre de 2024, las ventas residenciales representaban el 58% del total de ingresos de la entidad.

Entre las operaciones afectadas está la venta paralizada de su promotora Árqura Homes, cuyo traspaso de suelos —con capacidad para construir 16.000 viviendas— iba a suponer unos 800 millones de euros. Grandes grupos del sector, como Aedas, Neinor o Aelca, ya habían mostrado interés por esta operación, gestionada por Deloitte, que finalmente no llegó a cerrarse.

El trasfondo económico es aún más complejo. Desde su creación en 2012, Sareb nació con el objetivo de liquidar activos tóxicos bancarios derivados de la burbuja inmobiliaria. Aunque ha logrado reducir su deuda desde los 50.781 millones iniciales hasta 29.411 millones, todavía mantiene un patrimonio negativo de 14.600 millones, según reconoció públicamente su presidente Leopoldo Puig a finales de 2023. Ahora, con una fuente de ingresos mermada y su liquidación prevista para 2027, se aleja la posibilidad de devolver una deuda que está avalada por el Tesoro y que, previsiblemente, pasará al Estado.

Un mercado con menos opciones

La retirada de los inmuebles más baratos del mercado llega en un momento delicado para la vivienda en España. La escalada de precios y la dificultad para acceder a una primera residencia, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias o bajas, choca frontalmente con la desaparición de estas unidades a precios asequibles. En 2024, Sareb aún había logrado vender 4.353 viviendas y otras 877 a través de colaterales, con precios medios que en algunos casos bajaban hasta los 71.500 euros.

Ahora, esas viviendas ya no estarán disponibles para su compra. Pasarán a alimentar el parque público de alquiler, un cambio de enfoque que busca ofrecer una solución a la crisis de acceso a la vivienda, pero que deja fuera a quienes aspiraban a comprar un piso barato para vivir o invertir.

Este giro evidencia la tensión entre política social y mercado inmobiliario. Por un lado, el Estado impulsa la función pública del suelo y la vivienda. Por otro, miles de ciudadanos pierden la oportunidad de acceder a la propiedad en condiciones razonables. La incógnita es si el alquiler asequible logrará compensar esa pérdida o si, por el contrario, abrirá una nueva etapa de frustración en la ya de por sí complicada realidad del acceso a la vivienda en España.