El Parlament valida el decreto que regula pisos turísticos gracias al pacto de ERC y PSC

El pleno del Parlament catalán ha validado este miércoles el decreto ley que regula las viviendas de uso turístico, aunque el Govern de ERC se ha comprometido con el grupo PSC-Units a modificar la normativa para que solo sea obligatoria en 140 municipios, y no en los 262 previstos.

El decreto se ha validado con los votos a favor del PSC, ERC, la CUP y los comunes y los votos en contra de JxCat, Vox, CS y el PP, mientras que todos los grupos, excepto la CUP y los comunes, han avalado que la normativa se tramite como proyecto de ley.

El texto del decreto aprobado obliga a obtener una licencia urbanística, que tendrá una duración de cinco años, a viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes donde hay problemas de acceso a la vivienda o una alta concentración de viviendas turísticas y establece una ratio de 10 viviendas turísticas por cada 100 vecinos, que obligaría a cerrar, según cálculos del Govern, unos 28.000 pisos turísticos en 47 municipios.

Sin embargo, los socialistas han pactado con ERC validar el decreto, a cambio de tramitarlo como proyecto de ley, incluyendo enmiendas, y que la nueva normativa esté aprobada definitivamente como muy tarde en la última sesión plenaria del mes de marzo de 2024.

En concreto, han acordado que la obligación de disponer de una licencia urbanística solo se aplique en los 140 municipios catalanes declarados zonas de mercado residencial tensionado -que representan el 80 % de la población catalana-, mientras que en las otras localidades la regulación será opcional, y se suprime el límite de 10 pisos turísticos por cada 100 viviendas, una ratio que cada ayuntamiento podrá fijar como crea.

El pacto entre PSC-Units y ERC mantiene el límite temporal de cinco años de las licencias, aunque se incluye que sean prorrogables automáticamente, a la vez que se abre la puerta a establecer un recargo municipal de la tasa turística, como el que tiene la ciudad de Barcelona.

En la presentación y defensa del decreto, la consellera de Territorio, Ester Capella, ha puesto de relieve la necesidad de regular y poner fin a la "barra libre" a los pisos turísticos, a los que ha acusado de "pervertir" el uso de las viviendas residenciales con el fin de "especular", aunque ha reconocido que las modificaciones pactadas con los socialistas no son de su agrado y ha asegurado que trabajarán para que el "decreto regrese allí de donde no debería haber salido nunca".

"Quien está en contra de la regulación lo hace con la voluntad de mantener los privilegios de un sector no regulado desde hace demasiados años, y de seguir especulando con la vivienda", ha denunciado Capella, que se ha mostrado especialmente dura con el grupo de Junts.

"Hoy Junts irá de la mano de la derecha, que es allí donde se sienten cómodos. Estas Navidades, cuando se deseen felices fiestas y brinden, en unas casas estupendas, tengan un segundo para pensar en las personas que hoy en Cataluña no pueden llegar a final de mes y no pueden pagar su alquiler", ha recriminado Capella, provocando el enfado de la bancada posconvergente.

Desde el PSC-Units, el diputado Òscar Ordeig ha celebrado el pacto alcanzado con el Govern de ERC, destacando que "no uniformiza" a los municipios y les da "autonomía" para aplicar la regulación.