La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), un nuevo órgano del Gobierno que analizará la sostenibilidad de los contratos de concesión cuando se realice algún tipo de aportación de dinero público, entrará en vigor dentro de 20 días, según dicta la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado.

La medida forma parte de los compromisos de la Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cumple con lo requerido por la Ley 8/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

Dicha Ley transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, configura, en su artículo 333, la Oficina Nacional de Evaluación como órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, posibilitando la participación en aquella del sector privado y de las Administraciones autonómicas y locales.

Por otra parte, la orden ministerial destaca que en el contexto actual de crisis provocada por la COVID-19, además de la dramática situación sanitaria, ha tenido un severo impacto económico y social en el conjunto de países de la Unión Europea, motivando la necesidad de adoptar medidas contundentes como han sido la aprobación del marco financiero plurianual para 2021-2027 y la puesta en marcha de un instrumento europeo para la recuperación (Next Generation EU), que implicará para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-26.

La nueva oficina funcionará como un órgano colegiado, integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), cuya finalidad es el análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión cuando se realice algún tipo de aportación pública.

Se trata de un ámbito de la contratación pública importante y complejo en el que la actividad puede intensificarse con el impulso previsto en los planes de inversión a través de las fórmulas de colaboración público-privada, tras la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La actividad de la ONE se materializará en un informe preceptivo que se emitirá con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión y a la adopción de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio económico de estos contratos.

Dichos informes evaluarán si la rentabilidad del proyecto, obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida, es razonable en atención al riesgo de demanda que asuma el concesionario.

En esa evaluación se tendrá en cuenta la mitigación que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos distintos del de demanda, que habitualmente deban ser soportados por los operadores económicos.

Su composición, ya incorporada en la propia Ley y desarrollada por la Orden, contempla la participación de representantes de la Administración General del Estado, de las Corporaciones Locales, del propio sector privado y de las Comunidades Autónomas que quisieran adherirse.

Esta Orden regula también el funcionamiento de la ONE, así como el procedimiento de solicitud y emisión de los informes, con el detalle de la documentación requerida para realizar la evaluación. Establece así mismo que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.