Hacienda está a la espera de recibir el informe del comité de expertos sobre la reforma fiscal. Tienen de plazo hasta el 28 de febrero. La reforma, que entraría en vigor a partir del 2023, tiene por objetivo acercar la fiscalidad española a la Europa. Esto en principio parece que se traducirá en una subida de impuestos.

El Ejecutivo ha dejado claro desde el inicio que uno de los puntos de esa reforma será avanzar en la armonización entre comunidades, o lo que es lo mismo, igualar los impuestos entre regiones. Esto no tiene otra traducción que “tocar” los impuestos cedidos a las comunidades, fundamentalmente el de Patrimonio y Sucesiones o Donaciones, que en el caso de la región de Madrid (también en Murcia y Andalucía) están bonificados casi al 100%. Precisamente el gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha dado un paso al frente con la Ley de Autonomía Financiera con la que pretende blindarse frente a lo que consideran una amenaza de “hachazo fiscal”.

¿Pueden las comunidades blindarse frente a Hacienda?

La respuesta es que no. Jorge Onrubia, experto en fiscalidad y hacienda pública de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, explica que: “el Gobierno sigue siendo el titular de los impuestos, aunque hayan sido cedidos a las comunidades, y, por tanto, tiene las competencias para modificarlos” Añade, eso sí, que para ello el Ejecutivo tendría que cambiar la ley de cesión de tributos para lo que bastaría una mayoría simple en el parlamento. Onrubia asegura que hay jurisprudencia del constitucional sobre este asunto y que, por tanto, ese blindaje autonómico por ley es, a su juicio, “un brindis al sol” Así, si finalmente Hacienda decide establecer un mínimo y un máximo en esos impuestos cedidos las comunidades no tendrán más remedio que ejercer su autonomía fiscal jugando dentro de esa horquilla.

¿Tiene razón el Gobierno acusando a regiones como Madrid de “dumping fiscal”?

Para este experto, que formó parte de la Comisión para la Revisión del Sistema de Financiación Autonómica en 2017, no se puede acusar a una comunidad autónoma de competencia desleal por el mero hecho de ejercer su autonomía fiscal. Onrubia recuerda que tenemos un sistema fiscal redistributivo. Eso quiere decir que las regiones que más ingresan son las que más aportan a la caja común que luego se reparte entre las regiones para corregir los desequilibrios. De hecho, Madrid aporta casi el 70% de la caja común y es la que mayor déficit fiscal tiene, la diferencia entre lo que pone y lo que se recibe. Y concluye: “avanzar en una armonización que tenga como objetivo igualar los impuestos en todas las comunidades autónomas, que todos los tributos sean estrictamente iguales es algo que carece de sentido porque va en contra de las propias ventajas que tiene la descentralización fiscal”.