José María Páez, perito inmobiliario: "La ley protege a algunos inquilinos; un criterio clave es que el alquiler sumado a los gastos básicos de la vivienda deben representar al menos el 35% de los ingresos del hogar"

La ley española protege a ciertos inquilinos en situación de vulnerabilidad, hasta el punto de que un desahucio puede quedar suspendido incluso si existe una sentencia favorable al propietario. 

Así lo explica el perito judicial inmobiliario José María Páez, quien detalla los criterios que deben cumplirse para que la justicia paralice un lanzamiento. Estos requisitos, basados en la situación económica y habitacional del arrendatario, son clave tanto para inquilinos como para arrendadores.

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Los criterios para ser inquilino vulnerable

El primer criterio para determinar la vulnerabilidad es económico y se mide usando el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado actualmente en 600 euros al mes. 

Según explica el perito, para acogerse a esta protección, los ingresos totales del hogar no pueden superar tres veces el IPREM, lo que equivale a un límite de 1.800 euros netos mensuales. Este umbral es la primera barrera que define si un inquilino puede solicitar la suspensión.

A este requisito se suma una condición clave: el peso del coste de la vivienda sobre los ingresos. José María Páez subraya que "el alquiler, sumado a los gastos básicos de la vivienda, debe representar, al menos, el 35 por 100 de los ingresos del hogar".

 Esto significa que no solo se tiene en cuenta la renta mensual, sino también los recibos de luz, agua y gas, un factor determinante para muchos propietarios a la hora de evaluar la situación.

El alquiler sumado a los gastos básicos de la vivienda deben representar al menos el 35% de los ingresos del hogar"

La falta de alternativa habitacional

El punto decisivo para que un desahucio se detenga es que el inquilino debe acreditar que no tiene alternativa habitacional. Si los servicios sociales correspondientes verifican esta situación y emiten un informe favorable, "el lanzamiento puede quedar paralizado durante un largo periodo de tiempo", confirma el experto. 

Esta es la garantía final que ofrece la ley al inquilino considerado vulnerable.

Ante este escenario, Páez aconseja a los propietarios analizar datos reales antes de alquilar, como la solvencia, la estabilidad y las garantías del posible inquilino, afirmando que "evitar problemas no es discriminar". 

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Nuevas ayudas del Gobierno

En paralelo a la protección de los inquilinos, el Gobierno también ha movido ficha para amparar a los pequeños propietarios. 

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado una dotación de 300 millones de euros para una línea de avales destinada a cubrir a los pequeños arrendadores en casos de impago del alquiler.

El anuncio se produjo durante el debate sobre la prórroga de la suspensión de desahucios para familias vulnerables. Bolaños ha afirmado que el Ejecutivo es "consciente de que quien alquila una vivienda puede tener dudas y temores" y está estudiando "fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección". El objetivo, recalcó, es que "todas las viviendas que puedan estar disponibles salgan al mercado en forma de alquiler y a precios asequibles".