El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto extremeño que obliga a que el tratamiento y beneficio metalúrgico del litio extraído en Extremadura se haga en esta comunidad autónoma.

Los fundamentos jurídicos en los que se basa el recurso son, entre otros, la incompatibilidad con la configuración constitucional del demanio natural minero.

Según ésta, se configura como dominio público y, dentro del dominio público, como dominio público natural, que pertenece en todo caso al Estado, formando parte de la riqueza nacional.

Por este motivo, "la supeditación de su riqueza al territorio autonómico implica quiebra de las competencias estatales en materia de igualdad de derechos, legislación civil y bases en materia minera y energética", así como del principio de igualdad y del derecho de propiedad.

Añade que el establecimiento de una obligación al concesionario de que el tratamiento y beneficio del litio se realice en Extremadura supone una vulneración de la competencia estatal en materia de planificación de la economía, así como con los principios de unidad de mercado, de libertad de empresa y libre competencia.

El gobierno asegura que las concesiones mineras se rigen supletoriamente por la normativa de contratos del sector público y, por ello, el establecimiento de una obligación como tal al concesionario implica una vulneración de la competencia estatal en materia de contratación pública, por incidir en los principios esenciales en materia de contratación, al imponer una obligación que no guarda relación con el objeto del contrato.

Todo ello podría, además, vulnerar la normativa europea.

Recuerda que la Comisión Bilateral de Cooperación no ha alcanzado ningún acuerdo sobre la citada norma, pese a las diferentes propuestas planteadas desde el Ministerio de Política Territorial a la Comunidad Autónoma de Extremadura.