La matriculación y venta de todos los vehículos ligeros que emiten de forma directa dióxido de carbono (los diésel, gasolina, híbridos o los propulsados por gas) estará prohibida en España a partir del año 2040. Así se recogerá en la futura ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno, y que establecerá también que el sistema eléctrico español se debe basar exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050, han informado hoy fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Para conseguir la plena descarbonización de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI, el Ejecutivo ha calculado que será necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050 al menos en un 90 por ciento respecto a los niveles de 1990. La ley fija dos referencias temporales para reducir esas emisiones, para introducir energías renovables y para ser más eficientes en el uso de la energía: los años 2030 y 2050.

En 2030 el Ejecutivo quiere que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 20 por ciento respecto a 1990, que el sistema eléctrico cuente con un 70 por ciento de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética.

Para 2050 las emisiones de gases invernadero se deberían reducir un 90 por ciento respecto a los niveles de 1990 y el sistema eléctrico se debería basar exclusivamente en fuentes renovables.

El Gobierno quiere poner fin definitivamente al uso de combustibles fósiles que generan emisiones de gases invernadero (como el carbón) y ha planeado que cuando entre en vigor la ley ya no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos. Tampoco se podrán desarrollar actividades de "fractura hidráulica" ("fracking") para la explotación de hidrocarburos, según la futura ley, que establecerá que las actividades vigentes para estas actividades no podrán seguir más allá del año 2040.

La Ley, según las mismas fuentes, irá acompañada de una "Estrategia de transición justa" para paliar los efectos sobre los territorios y los trabajadores más afectados por la transición económica. Con respecto a la movilidad, el Ejecutivo ha previsto que en 2040 estará ya prohibida la venta o matriculación de los vehículos que emiten de forma directa dióxido de carbono, y diez años después se limitaría definitivamente la circulación de ese tipo de coches.

La propuesta del Gobierno, han explicado fuentes del Ministerio, es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en el año 2050 ya no podrán circular. Francia también ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040, según la misma fuente, que ha precisado que Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en 2030 y Noruega en 2025.

Con la futura normativa el Gobierno se va a imponer obligaciones que estarían por encima del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático, han subrayado las mismas fuentes del Miteco, y han destacado que ningún país de la UE ha afrontado objetivos tan ambiciosos como los que va a fijar España en su normativa.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha elaborado un documento de trabajo que pretende ser el "germen" de la futura ley de cambio climático, y va a compartir este documento con todos los grupos parlamentarios, agentes económicos y sociales, ong y administraciones públicas para tratar de alcanzar el máximo consenso posible antes de aprobar el texto en el Consejo de Ministros y de remitirlo al Congreso de los Diputados antes de que acabe el año.

Tras un encuentro informativo en el que varios representantes del ministerio han presentado a un grupo de periodistas los aspectos fundamentales de la futura ley de cambio climático, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha recordado que es uno de los compromisos principales de la acción legislativa del Gobierno para esta legislatura. Hugo Morán ha incidido en la importancia de adoptar medidas con rapidez "para llegar a tiempo, porque si no perderemos el tren de las nuevas oportunidades" y de las nuevas tecnologías. 

LAS 15 CLAVES

1.- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20 por ciento con respecto a 1990 en el año 2030 y un 90 por ciento en el año 2050.

2.- El sistema eléctrico se deberá basar exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable en el año 2050.

3.- Durante la década 2020-2030 el Gobierno impulsará la instalación de al menos 3.000 megavatios de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables.

4.- A partir de la entrada en vigor de La ley ya no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración ni concesiones de explotación de hidrocarburos.

5.- No se podrán tampoco desarrollar actividades de "fractura hidráulica" (fracking) para la explotación de hidrocarburos, y las licencias vigentes no podrán seguir más allá de 2040.

6.- La ley prohibirá el establecimiento de nuevos subsidios o incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles.

7.- El sector público estatal se tendrá que desprender de sus participaciones en empresas que desarrollen actividades relacionadas con los combustibles fósiles.

8.- La ley fija como objetivo que en el año 2050 ningún turismo o vehículo comercial ligero circule si emite de forma directa dióxido de carbono.

9.- En el año 2040 ya no se permitirá la matriculación y venta en España de vehículos que emitan CO2; esta medida afectará a los de diésel y gasolina, pero también a los coches híbridos, los de gas natural (GNC) o los de gas licuado del petróleo (GLP).

10.- La normativa establecerá la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes.

11.- Todos los municipios con más de 50.000 habitantes deberán contar con "zonas de bajas emisiones" en el año 2023.

12.- El Gobierno fomentará la renovación de los edificios públicos y privados para conseguir edificaciones de alta eficiencia energética y descarbonizadas antes de 2050.

13.- Entre los años 2021-2030 se rehabilitarán con criterios de eficiencia energética al menos 100.000 viviendas al año de media .

14.- El 20 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán tener cuando la ley esté en vigor, un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.

15.- La ley irá acompañada de una estrategia de transición justa para paliar los efectos sobre los territorios y los trabajadores más afectados por la transición