Derechos Sociales presenta una ayuda de 2.400 euros a las familias con hijos que cumplan este requisito

La crisis inflacionaria de los últimos años ha dejado una huella profunda en la economía de las familias españolas, especialmente en aquellas con menores a cargo. Ante este escenario, el Gobierno ha anunciado la creación de la Prestación Universal por Crianza, una medida pionera que otorgará 200 euros mensuales (2.400 euros anuales) por cada hijo menor de 18 años, sin distinción por nivel de renta.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y el partido Sumar, busca paliar el encarecimiento de la vida y reducir la pobreza infantil, que afecta a uno de cada cuatro niños en España, según datos oficiales.

 Un alivio para las familias  

El ministro Pablo Bustinduy, principal defensor de la medida, subrayó en noviembre pasado la urgencia de actuar: "Es inaceptable que la cuarta economía del euro tenga tasas de pobreza infantil tan altas". La ayuda, de carácter universal, cubrirá gastos básicos como alimentación, ropa y material escolar, sectores donde los precios han aumentado un 12% desde 2022 11. A diferencia de otras prestaciones condicionadas por ingresos —como el Ingreso Mínimo Vital (IMV)—, esta no exigirá acreditar vulnerabilidad económica, aunque sí requerirá residencia legal y empadronamiento en España, según adelantaron fuentes gubernamentales.

La medida llega en un momento clave. Según el INE, el 40% de las familias con hijos ha reducido gastos esenciales en el último año, y el coste de criar a un menor hasta los 18 años supera los 100.000 euros. "Esta prestación no es un lujo, es una necesidad estructural", afirmó Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, quien destacó su impacto en la conciliación laboral y familiar.

 Combatir la pobreza infantil  

España ocupa el tercer puesto en pobreza infantil en la UE, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. La Prestación Universal por Crianza pretende romper esta dinámica, siguiendo modelos europeos como el Kindergeld alemán o las ayudas francesas por hijo. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos políticos. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 aún no han sido aprobados debido a la falta de consenso parlamentario, y el Ejecutivo opera con los prorrogados de 2023, que limitan la capacidad de lanzar nuevas políticas sociales.

Aunque el Gobierno confía en incluir la ayuda en los PGE antes de fin de año, su entrada en vigor podría retrasarse hasta 2026 si persisten los bloqueos. Mientras, las familias deberán preparar documentación como el DNI de los progenitores, el libro de familia y el certificado de empadronamiento, requisitos básicos para solicitarla.

 Compatibilidad y dudas pendientes  

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Uno de los aspectos más valorados es la compatibilidad con otras ayudas. Según fuentes de Hacienda, la prestación no anulará el IMV ni el Complemento de Ayuda a la Infancia, aunque se desconoce si habrá límites por número de hijos. La polémica surgió tras las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien defendió que otras subvenciones —como las de gafas— se otorguen por edad y no por renta, un criterio que ha dividido a la coalición gubernamental.

Las críticas también llegan desde la oposición, que cuestiona la sostenibilidad de una medida que costaría 6.000 millones anuales si beneficia a los 2,5 millones de hogares con menores calculados por el INE. "Sin una reforma fiscal que la financie, esto es pan para hoy y hambre para mañana", advirtió un economista del think tank Fedea.

En cualquier caso, el Ejecutivo prevé habilitar un sistema de solicitud telemático —similar al de la Seguridad Social—, aunque mantendrá opciones presenciales para garantizar el acceso. Mientras se concreta su lanzamiento, las familias pueden recurrir a ayudas vigentes, como las prestaciones por hijos con discapacidad (33% o más) o el bono de 1.000 euros por nacimiento.