El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo, en el marco de la nueva Ley de Vivienda estatal, con el fin de desplegar un nuevo sistema de regulación del precio de las viviendas de alquiler y evitar las subidas abusivas. Esta noticia llega tras un tiempo prudencial en el que el Ejecutivo no terminaba de perfilar un acuerdo sobre la Ley de Vivienda por discrepancias internas.

De hecho, la cuestión de la regulación del alquiler era una de las razones de peso que mantenía encalladas las conversaciones entre los socios de coalición. Aunque habían más cuestiones en las que los socios de coalición chocaban. Tanto Podemos como PSOE no compartían la misma opinión en el marco de esta Ley sobre los desahucios, los límites de rentas y la obligación a grandes propietarios de destinar pisos al alquiler social.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, defendió en su momento que el control de los precios de alquiler se iba a llevar a cabo "oyendo a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado".

Los equipos negociadores han incidido en que continúan trabajando "intensamente" para lograr un acuerdo, puesto que los "más de cuatro meses de retraso son ya injustificables ante la emergencia habitacional que vive el país", ahondan desde Unidas Podemos. El cronograma fijado a pasado de octubre establecía que el texto debía estar listo en tres meses para su paso al Consejo de Ministros y que llegara al Congreso un mes más tarde. Y los tiempos están más que cumplidos.

Mientras el PSOE proponía en su momento bonificaciones fiscales para los propietarios, la formación morada insistía en el acuerdo de Gobierno que firmaron ambos partidos donde se refleja "impulsar las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas". De ahí que tachasen a los socialistas de incumplirlo y el acuerdo no llegase nunca a buen término.

Sobre las viviendas vacías también han existido confrontaciones. El Partido Socialista pretende aplicar una penalización en el IBI de hasta un 50% en las casas que lleven vacías más de dos años salvo causas justificadas y Podemos habla de crear un impuesto específico para las viviendas vacías a partir del cuarto inmueble.

Desde hace tres años, cuando ambos partidos incluyeron los límites a las rentas del alquiler en un acuerdo para los PGE, esta circunstancia ha cabreado a las dos partes. Es más, Podemos llegó a denunciar una "vulneración flaguerante" del acuerdo que propició el Ejecutivo conjunto por parte de los socialistas, con la última propuesta que estaba "basada únicamente en incentivos fiscales para propietarios y que no incluía la regulación del alquiler".

Hoy todo parece indicar que ambas partes han acercado posturas. Eso sí, todavía quedan flecos que resolver respecto a una Ley que provoca una de las fracturas más grandes en el Gobierno de coalición.