El Gobierno y los sindicatos de la función pública han cerrado ya un pacto para reconocer en la ley y regular el teletrabajo en las Administraciones públicas. 3,2 millones de personas, entre funcionarios y personal laboral, se beneficiarán de esta regulación. El teletrabajo para ellos será un derecho, tendrá carácter voluntario y será reversible.

No podrá ser causa de diferencias entre quienes teletrabajan y quienes lo hacen de manera presencial. Quienes opten por esta modalidad tendrá garantizados los mismos derechos y obligaciones que aquellos que acudan a su puesto de manera presencial. Es la premisa básica del acuerdo que se ratifica en la Mesa General de las Administraciones Públicas, donde están, además del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los sindicatos CC OO, UGT, CSIF, CIGA y LAB. Esta regulación ya no es temporal queda consolidado para siempre.

GARANTIZAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA

El porcentaje de trabajo a distancia será determinado en cada administración aatravés de la negociación colectiva y según el texto combinará presencialidad y a distancia en el régimen que se establezca garantizando la atención presencial a la ciudadanía. Esta es una de las diferencias con el decreto para las empresas, El gobierno fijaba en un 20% ese tiempo necesario para ser considerado teletrabajo, y los empresarios reclamaron que fuera de un 30%. Las administraciones públicas tendrán que habilitar los medios tecnológicos necesarios y los costes que se deriven de esta actividad.

FUNCIONARIOS SÍ; TRABAJORES PRIVADOS, TODAVÍA NO

El acuerdo toma así la delantera al teletrabajo en la empresa privada que el Gobierno quiere regular mañana martes mediante aprobación de un Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros. Otra de las diferencias del borrador que hay sobre la mesa con el texto para los funcionarios es el pago de los gastos por parte de la compañías. Los sindicatos quieren que una mayor concreción de los gastos que deben ser asumidos por la empresa, garantizando unos mínimos, ante la posibilidad de que se deje una redacción más general que luego seria pactada por empresarios y trabajadores. Hay también discrepancias en el control y flexibilidad sobre tiempo de trabajo, la regulación del derecho a la desconexión y descanso bajo un registro horario.