Hace casi 20 años, en 2003, se aprobó la Ley 59/2003 que recogía la legalidad del servicio de firma electrónica. Este podría considerarse el primer paso del impulso de la facturación electrónica en nuestro país. Hoy, gracias al Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, la factura electrónica será obligatoria para todos en el transcurso de los 3 siguientes años.

Cuando hablamos de factura electrónica, en contraposición a la factura “tradicional”, la principal diferencia que definimos es que, además de mostrar toda la información relativa a la transacción, la electrónica también incluye una firma digitalizada.

Según datos del IDG en un estudio con HelloSign, la implementación en nuestro país de esta firma digital, necesaria para la facturación electrónica, es muy alta. Casi un 83% de las empresas cuentan ya con ella, una cifra que se disparó cuando la pandemia y el confinamiento cambiaron nuestra forma de vivir, comprar, hacer negocios y gestiones. La aparición de la COVID-19 trajo los cambios que se convirtieron en el acicate que “obligó” a muchas empresas a empezar a digitalizarse a marchas forzadas para poder sobrevivir en un mundo cada vez menos “presencial”.

La facturación electrónica tiene como objetivo lograr una mayor transparencia en los procesos mercantiles; para entendernos, que sea más complicado cometer ilegalidades con el fisco. Este recurso permitirá también al Estado agilizar las declaraciones de la renta entre pymes y autónomos.

Aunque hasta ahora el hacer facturas electrónicas era algo voluntario en la mayor parte de los casos, pasará a ser de carácter obligatorio. A nivel nacional, el Consejo de Ministros ha establecido una serie de plazos para empezar a hacerlo.

Las pymes y autónomos tendrán 3 años de periodo de adaptación para lograr su total implementación. El gobierno ha decidido estas fechas teniendo en cuenta el grado de digitalización de este sector en nuestro país y, para acelerarlo, ha lanzado una serie de ayudas para conseguir el objetivo, como, por ejemplo, el Kit Digital.

Otro gran precursor de la facturación electrónica ha sido TicketBAI en Euskadi, una medida que obliga a todas las empresas y autónomos en el territorio vasco a suministrar facturas electrónicas para poder ser comprobadas por las Haciendas vascas.

Su implantación está siendo progresiva y no está exenta de polémica, ya que las instituciones que exigían su aplicación no la tenían implementada en sus sistemas. Esta normativa ya ha supuesto que muchos negocios hayan tenido que invertir en tecnología con la que no contaban en principio. Por suerte, los programas ERP de gestión de empresas han estado muy rápidos adaptando su software a esta nueva regulación para dar servicio a sus clientes.

Las ventajas del uso de facturas electrónicas no se le escapan a nadie: acorta los tiempos de entrega de las facturas, automatiza procesos, permite ahorrar papel… Pero eso no es todo, vamos por el camino en el que estar digitalizado será un requisito indispensable para acceder a futuras ayudas y subvenciones, sobre todo por parte de la Administración Pública. Sin embargo, este hecho abre el debate acerca de la inclusividad de la digitalización “forzada”. ¿Estamos realmente preparados para digitalizarnos por completo? ¿Cómo podrán lidiar con ello las empresas más tradicionales, las empresas de toda la vida del barrio?

El problema no es la implantación de la facturación electrónica o el inicio del proceso de la digitalización, todos los expertos coinciden en que esto es el futuro. El problema es a quién dejamos atrás durante este proceso.

Como ha señalado la vicepresidenta Nadia Calviño en relación con la agenda España Digital 2025: “es necesario hacer una digitalización humanista”. La cuestión es que si todos queremos “surfear” la ola de la digitalización y que nadie se quede atrás en el sueño de emprender, las medidas que se tomen deberían ser para todos y tener en cuenta todos los contextos.

Para que la implantación de la factura electrónica sea inclusiva y efectiva, los procesos deben simplificarse, necesitaremos herramientas que permitan la facturación electrónica de forma comprensible, los software que lo permitan deben ser sencillos de usar, tener una interfaz amigable, no vale simplemente con dar dinero por parte del gobierno. Tenemos una responsabilidad colectiva.

La facturación electrónica es solo un paso más del camino hacia un mundo digital y, aunque el metaverso todavía nos queda muy lejos, es importante contar con aliados que te pongan las cosas fáciles, ya sea con programas de gestión online que faciliten el cambio o con brújulas que permitan navegarlo, como la Carta de Derechos Digitales que el Gobierno redactó el septiembre pasado.