La Operación Sophia de la Unión Europea, que se inició hace tres años para combatir el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo, corre el riesgo de extinguirse el 31 de diciembre. El gobierno de Italia se niega a dar luz verde para que se prorrogue su mandato si se mantiene la norma de que todos los inmigrantes rescatados por los barcos que participan en EUNAVFORMED sean trasladados a sus puertos. La renovación de la operación está pendiente de que el resto de los países acepte que sean acogidos por diferentes naciones.

Los 28 ministros de Defensa de la UE han estado buscando una solución durante las reuniones que han celebrado esta semana en Bruselas, pero no han llegado a ningún acuerdo que ayude a salvar la operación que ha permitido rescatar a alrededor de 50.000 personas del mar, detener a más de 140 traficantes de seres humanos e interceptar 500 embarcaciones.

La Unión Europea aprobó en mayo de 2015 poner en marcha una operación militar en el Mediterráneo -a pocas millas de las costas de Libia- para interrumpir el negocio de las mafias de tráfico ilícito de personas, a través de la identificación, captura y eliminación de sus embarcaciones. Un año más tarde -en junio de 2016- se decidió incluir en el mandato de la Operación Sophia el adiestramiento de guardacostas libios y la aplicación de un embargo de armas frente a las costas de ese país norteafricano.

Todos los gobiernos europeos se han pronunciado a favor de que continúe esta misión, en la que España participa con un avión de vigilancia marítima -dentro del Destacamento Grappa del Ejército del Aire- y con la fragata “Reina Sofía”. Buques de la Armada española habían rescatado a 15.000 personas del Mediterráneo hasta el mes de julio. El gobierno de Pedro Sánchez mantiene su compromiso para que se siga esta operación, y acusa a Italia de “eludir responsabilidades” y de “falta de solidaridad”. La alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha instado a los gobiernos a encontrar una salida, advirtiendo de que “o se encuentra una solución interina para los desembarcos, o habrá que desmantelar la operación”. A día de hoy intervienen en ella 26 países con cuatro buques y seis aeronaves.