En vísperas de la reunión que el ministro Wert mantendrá con los responsables educativos de las Comunidades Autónomas para tomar el pulso al proyecto de Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, conviene un alto en el camino para detectar en qué puntos la elaboración de esta ley avanza adecuadamente y en cuáles no. Los reiterados fracasos de las huelgas en la enseñanza, convocadas por quienes monopolizan este sector en favor de sus intereses y la chusca estrategia de la izquierda laicista de boicotear esta nueva reforma, deben servir para alentar un diálogo público y una participación racional  de toda la sociedad.En este sentido cobra especial relevancia la aportación a la nueva ley de una realidad educativa que con demasiada frecuencia se olvida: la de los colegios de iniciativa social. Junto a la más que loable intención de introducir en España unos parámetros de exigencia y de esfuerzo, la ley no debiera olvidarse de valorar este sector que aporta al sistema un valor añadido de libertad, pluralidad y solvencia. Bien es verdad que el proyecto de ley reconoce el concepto de demanda social, pero transfiere su aplicación a las Autonomías; sin embargo el texto sigue entendiendo  la iniciativa social como subsidiaria de la enseñanza de titularidad estatal, con un deficiente trato a las posibilidades del alumnado y al estatuto de centros y profesores. El ministro Wert tiene una oportunidad que no debiera desaprovechar.