En el barranco de Arguineguín hay un poblado de infraviviendas, chabolas, ocupando un territorio que no es suyo. Los propietarios de los terrenos, han iniciado los trámites legales para solicitar el certificado que acredite la vulnerabilidad de 77 personas que viven de manera habitual.

Es el paso previo, para que las administraciones implicadas les ofrezcan una alternativa habitacional. Los propietarios no descartan presentar una demanda desahucio que los enfrentaría a un desalojo.

Jeni es conocedora de esta situación que están atravesando muchas familias y personas que viven ahí, ya que lleva 15 años repartiendo alimentos a las personas necesitadas y que no reciben ayuda de ningún tipo.

Ella es la presidenta de la Asociación de Vecinos Las Lomas de Arguineguín. En COPE Canarias cuenta que en ese poblado vive gente de todo tipo: personas que vienen a pasar el verano, gente que lo hace los fines de semana y gente que de verdad no tiene ningún medio.

Esta ONG, se encargan de personas sin recursos: son aquellas personas que viven de manera fija en ese espacio, que incluso tienen familias o que se organizan en grupo para dormir en una misma chabola porque no tiene ningún otro sitio para vivir.

Jeni cuenta que en su asociación incorporaron a una trabajadora social propia para intentar ayudarles a salir de esa situación, pero que es muy complicado, ya que ninguna administración pública les ayuda, ni tampoco pueden recibir ninguna ayuda, ya que no están empadronados.

En COPE insiste en que ese lugar es tan popular y ha crecido tanto en los últimos años, porque antiguamente se trataba de un camping. "Esto antes era un camping, hay mucha gente que les gusta el sirio, que está al lado de la playa, pero hay que tener en cuenta que necesitan de un espacio como este, no tiene otro sitio a donde ir, se han fabricado chabolitas, algunos duermen en un coche y otro viven en su caravana".

"Nosotros nos ocupamos de las personas que no tienen otros medios. Tenemos una trabajadora social, propia nuestra, y esta persona se encarga de hacer los documentos y demás. Tenemos que separar aquellas personas que van a pasar las vacaciones o el fin de semana, de aquellas que no tienen ningún sitio en donde dormir", añade.

Hay que separar, porque, aunque tengamos un artículo de la constitución que dice que todo español tiene derecho a una vivienda, y que los poderes públicos deben promocionarlo, no está pasando.

Abogan por la construcción de viviendas asequibles para gente vulnerable

Jeni denuncia en nuestros micrófonos que el ayuntamiento de Mogán lleva más de 20 años que no construye nueva promoción de viviendas sociales. "En el poblado poco hacen, además tienen a un trabajador social que está de baja con mucha frecuencia y no se le sustituye cuando no está, dejando a estas personas desatendidas o sin atender. Nosotros desde la asociación de vecinos lo que vemos es una falta de concienciación de los poderes públicos, que cuando se les eche de esta propiedad privada, nos preocupa que no les den ninguna alternativa".

"Si el ayuntamiento no dispone o propone suelo, poco se puede hacer la dirección general de vivienda. Es por eso, que necesitamos una concienciación pública para habilitar inmuebles. La vivienda es carísima, los alquileres son altos por el alquiler vacacional, porque esto está perjudicando al resto de los ciudadanos que no consiguen un sitio para vivir", señala.

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La presidenta de la ONG insiste en que los residentes del poblado se irán cuando les echen, pero que van a necesitar otro sitio para vivir, pero debe ser un lugar al alcance de las necesidades de ellos. “No pueden irse a vivir arriba en el barranco, porque, ¿cómo van a ir a buscar los alimentos sin un coche? Abogamos porque se habiliten viviendas asequibles, que haya un plan de vivienda que cuente con cualquier tipo de situación".

Exigen que puedan empadronarse

Jeni cuenta que atienden, según qué semana, entre 10 y 30 personas diferentes. "En verano, en Semana Santa, se nos acerca gente que ha venido a pasar unas semanas a pasar sus ‘vacaciones’, de chabola en chabola, pero obviamente no podemos ayudarles sin un estudio concreto para saber qué necesitan. Los ayuntamientos no comparten los datos con nosotros y faltan más estudios para comprobar la situación de cada uno".

"No tenemos conocimiento de que vivan bebés en los poblados, porque la familia que tiene menores, no suele decirlo porque tienen miedo a que se los quiten los servicios sociales. La mayoría de la gente que hemos hablado, van a buscarse otro sitio, no muy lejos, porque su red de apoyo está aquí, y si los echan del barranco buscarán otro sitio para hacer lo mismo, porque no se les da alternativas", destaca.

Insiste en que ninguno de los residentes de este poblado puede gestionar ninguna ayuda porque no tienen una dirección y no están empadronados. "Aunque se les tiene que empadronar, el consistorio se niega, no es su vivienda, no es una vivienda en sí y no tienen una dirección. Por lo tanto, se les niega el empadronamiento y eso les cierra las puertas a todas las ayudas posibles. Hay un círculo vicioso ahí que no está tomando en cuenta la necesidad de ellos".

La presidenta de la ONG asegura que el ayuntamiento tiene la obligación de empadronar a estas personas y pone un ejemplo. “Aunque estés viviendo en el banco de un parque, el ayuntamiento tiene que comprobar que esa es tu residencia, por muy precaria que sea, empadronarte ahí a efectos de legalizarte de tu situación y buscarte ayuda”.

Concluye destacando que "hay familias que viven en estas chabolas desde hace 60 0 70 años y no tienen derecho de empadronarse ahí. Lo vemos en Arguineguin a diario, pero el ayuntamiento les niega empadronarse ahí y lo tienen que hacer en casa de familiares o de otra gente".