La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Esperanza Gómez, requerirá al Gobierno andaluz que equipare la cuantía para la prestación del servicio de la asistencia personal al coste de una plaza residencial, que ha cifrado en torno a 3.000 euros mensuales por interno.

En la actualidad la Junta de Andalucía aporta una cuantía máxima de 747,25 euros para el Grado III de dependencia, que conlleva a "una doble precariedad, para el usuario, que en la mayoría de los casos recibe una pensión no contributiva, es decir 517,90 euros/mes en 14 pagas, y para el profesional, al no poder cobrar ni el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Tras una reunión mantenida con representantes de la Oficina de Vida Independiente de Andalucía (OVIA), Gómez ha asegurado en una nota que "la asistencia personal es una herramienta necesaria para que muchas personas accedan a su derecho a la vida independiente, pero al que pocas pueden acceder por falta de recursos", antes de recriminar al Partido Popular que "se le llena la boca a la hora de hablar de libertad pero, en realidad solo hablan de la suya, desde sus privilegiadas vidas".

"¿Qué libertad tiene una persona que precisa de apoyos para su vida diaria y no tiene una prestación digna para poder contratar dicha asistencia? ¿Qué libertad tiene ese trabajador o trabajadora que no llega al SMI? En ambos casos, ninguna", ha sostenido Gómez de forma retórica.

La asociación Oficina de Vida Independiente de Andalucía (OVIA) planteó a Por Andalucía que, en general, existe un enorme desconocimiento en torno al servicio de la asistencia personal, que en muchos casos se confunde con el de ayuda a domicilio.

Este hecho produce que muchas de las personas con derecho a este tipo de asistencia no la soliciten por falta de asesoramiento e información, "aspirando sólo a gestionar su internamiento en un centro".

La diputada autonómica por Sevilla ha recordado a la Junta de Andalucía las indicaciones de la ONU para dejar de apoyar la institucionalización, o internamiento, de las personas con algún tipo de dependencia, así como dejar de invertir en dichos centros ya que "es contrario al derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad", para fomentar, así, la asistencia personal en un entorno favorable para las personas afectadas.

Gómez ha recogido el testimonio de que otro de los "enormes escollos" que la asociación manifesta que se produce, respecto a la asistencia personal, es la formación sociosanitaria que "por obligación" empiezan a requerir a los trabajadores, "cuando en la mayoría de los casos, no es necesaria para las funciones diarias que llevarán a cabo".

Por ello, las representantes de Vida Independiente han argumentado que "una de las posibles soluciones sería la creación de un régimen especial, como el de las empleadas de hogar, para poder contratar al asistente y así evitar el paso por las empresas que solo buscan el lucro, además de establecer el criterio del tipo de formación necesaria para realizar dicha función".