El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha anunciado la elaboración de una querella si el Ministerio del Interior autoriza el envío de un escolta a Bélgica para el expresidente fugado de la justicia, Carles Puigdemont. Desde el colectivo policial recuerdan que al expresidente catalán le consta una requisitoria en España de orden de búsqueda y detención por parte del Juez Llarena. “Cualquier dinero público que vaya dirigido a trasladar un escolta fuera del país, entronca con el artículo 126 de la Constitución, de estar a disposición de los jueces. Por eso, entendemos que se puede dar un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa para aquella autoridad que dicte una resolución para trasladar un escolta a un prófugo de la justicia”, asegura Jacobo Rodríguez, portavoz del SUP.

El requisito que ha solicitado esta semana el expresidente de Cataluña viene acompañado de las tensiones que se han generado entre su partido, Junts, y el gobierno de Pedro Sánchez. Un acuerdo donde también se incluye una posible ley de amnistía, a la que todavía le quedan meses de trámite parlamentario, pero que es fundamental en la petición de un escolta para Carles Puigdemont. En el momento en que esta ley entre en vigor, al expresidente fugado de la justicia se le borrarán todos los delitos y podrá volver a España sin causas pendientes.

El ministerio del Interior ya está estudiando la posibilidad del servicio de escolta, que prestaría un Mosso. “Es importante la entrada en vigor de la ley de amnistía porque a partir de ahí decaería la orden requisitoria y nosotros no podríamos hacer nada más”. Además, desde el sindicato policial también advierten del coste monetario al que ascendería el envío de escolta para Carles Puigdemont. “Es un coste de dinero público ascendente a un millón de euros, es inconcebible. Los ministros en España viajan sin escolta dentro de la Unión Europa, es el país receptor quien se hace cargo del escolta”, añade el portavoz del sindicato.

La solicitud de un escolta por parte del expresidente de Cataluña se ha conocido en la misma semana donde en las calles de la capital de España se ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes. Hasta 1.600 agentes de la policía nacional han vigilado las principales calles de Madrid, coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez y de las protestas en la calle Ferraz, que ya cumplen dos semanas. Unas protestas que también se llevan produciendo en los alrededores del Congreso de los Diputados, donde en el día se conoció un incidente contra el diputado del Partido Socialista, Herminio Rufino Sancho. “Hasta ahora tenemos conocimiento de pequeños conatos que no han trascendido, la policía ha trabajado para que el orden público permanezca. Las manifestaciones pacíficas están permitidas, lo que no podemos es permitir que los radicales se hagan con la calle”, asegura el portavoz del SUP.