La iniciativa parte de Podemos, pero cuenta con el apoyo de los socialistas. El texto propone derogar todos los artículos del Código Penal que, según la formación morada, chocan frontalmente con la libertad de expresión o que tiene un difícil encaje en un sistema democrático. De esta manera, además de las injurias a la Corona, también quedarían sin cárcel los delitos de enaltecimiento del terrorismo, ofensas al sentimiento religioso y ataques contra los símbolos del Estado.

Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo ha explicado qué sucede en otros países de Europa con este tema: “En 17 países europeos, tanto con forma monárquica como republicana, se protege al jefe del Estado o, si son monarquías, a los miembros de la Familia Real, y al Gobierno e instituciones. Y esto es algo perfectamente compatible con la democracia y coherente con el respeto que merecen ciertas instituciones”, y aclara, “la iniciativa la ha tomado Podemos y tiene un trasfondo que va más allá de la mera defensa de la libertad de expresión, pues sabemos que si algo no hacen los de Podemos es defender la libertad de expresión sino todo lo contrario”. También detalla que “cuando se protege al jefe del Estado no se trata de proteger a la persona, sino a los símbolos del Estado”.

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�� "En 17 países europeos, monárquicos y republicanos, se protege al jefe del Estado y es algo compatible con la democracia y coherente con el respeto que merecen algunas instituciones"

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El profesor, Daniel Berzosa, pone ejemplos concretos de otros países europeos que mantienen estas leyes: “En Suecia, que es un país tan admirado por la ideología de izquierdas, siguen manteniendo una penalización de hasta 6 años de prisión si alguien comete esas injurias o calumnias contra la Casa Real. Y en Dinamarca, el Código Penal contempla 4 años de prisión. Y, aunque suene sarcástico, en Bélgica, un país al que han huido tantos terroristas y, ahora, los prófugos de la justicia española, sigue vigente una ley que establece prisión de 3 años si se injuria o calumnia a su Rey”.

¿Dónde se encuentran los límites de la libertad de expresión?

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“España tiene una regulación muy amplia. El límite más significativo se encuentra en que lo que no existe es un derecho al insulto. Hasta llegar a ese punto se puede defender, se puede proponer o se puede decir… la cuestión es saber si el sujeto está fuera de la lucha política”, analiza Berzosa y añade que “todo esto subyace de una absoluta despenalización y por quien lo está proponiendo, ya que, lo significativo es que no todo el mismo puede decir lo mismo, ni puede desahogarse de la misma forma porque “decir que con Franco se vivía mejor” no se considera libertad de expresión y se quiere penalizar, al menos administrativamente a través de la llamada ley de memoria democrática. La libertad de expresión es para todos”.

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�� "En España, el único límite es que no existe el derecho al insulto. La libertad de expresión en ningún caso equivale a un derecho al insulto. "

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Alarma en el Supremo por la ley que desarma al Constitucional frente a los separatistas

El PSOE apoya derogar la reforma por la cual el PP dio armas jurídicas al Tribunal Constitucional para que garantizase el cumplimiento de sus resoluciones. La reforma está en trámite parlamentario, pero, si finalmente se aprueba, no se podrá hacer, por ejemplo, lo que se hizo para frenar el 1-O porque esa ley permitía agilizar la respuesta a cada desafío que iba llegando desde el parlamento de Cataluña. Ahora consideran que estos instrumentos que se dieron al TC son innecesarios y desproporcionados.

Daniel Berzosa también se ha pronunciado al respecto esclareciendo qué pasaría si se da marcha atrás en esta cuestión: “No es una buena idea. Gracias a ello se pudo anticipar la responsabilidad de las personas que incumplían las órdenes que recibían una vez que había advertido el TC de que eran contrarias a la Constitución. Las sentencias se deben cumplir y acatar. Para acortar los plazos se dio esa facultad, propia de la justicia ordinaria, al TC. Si esto se retira y vuelve a ocurrir algo parecido a lo que pasó hace 4 años, el TC podrá declarar o no lo que es inconstitucional, pero no habrá forma de que marque el momento exacto de la responsabilidad”.

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�� "Para acortar los plazos fue por lo que se le dio esa facultad, propia de la justicia ordinaria, al TC. Pero si se repite el 1-O no hay forma de que marque el momento exacto de la responsabilidad"

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