El Gobierno ha iniciado la consulta pública para que los ciudadanos y las entidades sociales puedan opinar durante el plazo de un mes sobre una ley estatal de Servicios Sociales que garantice una protección mínima en el conjunto del territorio español.

En la actualidad, existe una gran pluralidad en la organización de los servicios sociales en cada territorio, competencia de las comunidades y que han regulado a través de leyes autonómicas, lo que genera diferencias en la oferta de servicios que se ofrecen a la ciudadanía según el lugar donde vivan.

En el texto con el que se abre la consulta se argumenta que "la creación de un marco legal estatal para los servicios sociales permitiría avanzar hacia unos servicios sociales universales, consagrando el derecho subjetivo de la ciudadanía a contar con esa cobertura y protección, y facilitar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno".

La propuesta para elaborar un anteproyecto de ley de Servicios Sociales añade que "permitiría avanzar en la mejora de la calidad de los servicios sociales, definiendo su alcance, replanteando requisitos mínimos comunes y los estándares de información, reforzando la rendición de cuentas y promoviendo su modernización para abordar las necesidades de la ciudadanía".

El objetivo de la norma estatal sería la de establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el derecho a las prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales, estableciendo la garantía de un contenido mínimo común de derechos en cualquier parte del territorio del Estado español.

Para regular estas materias, el Gobierno plantea que debe hacerse a través de una norma con rango de ley y recuerda el compromiso asumido por España con la ratificación el pasado 29 de abril de 2021 de la Carta Social Europea, que establece, entre otros, el derecho a los beneficios de los servicios sociales (artículo 14) y el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social (artículo 30).

"El proyecto legislativo refuerza y vertebra el sistema de protección social, asegurando un modelo de gobernanza que en ningún caso va en detrimento del ejercicio de la competencia exclusiva por parte de las comunidades autónomas", argumenta el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 proponente de la iniciativa.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya expresado su conformidad con esta ley estatal para recoger esas condiciones mínimas y básicas que garanticen la igualdad de derechos y respeten las competencias autonómicas, por lo que propone que recoja "una distribución clara de competencias ordenadas y pactadas".

"En cualquier caso, este proyecto legislativo refuerza y vertebra nuestro sistema de protección social, asegurando un modelo de gobernanza que en ningún caso va en detrimento del ejercicio de la competencia exclusiva por parte de las comunidades autónomas", destaca el movimiento social de la discapacidad