Los puntos de la 'Ley Celaá' que constituyen un ataque a la asignatura de Religión y a la educación concertada
En su discurso de inauguración de la Asamblea Plenaria, el presidente de la CEE lamentó las "trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas"
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Este miércoles, 18 de noviembre, la Asamblea Plenaria celebra su tercera jornada de reuniones y el tema principal es la Educación. Los obispos reflexionarán sobre la nueva Ley de Educación de la ministra Isabel Celaá. Una ley que llega al pleno del Congreso este jueves antes de su envío al Senado.
El pasado lunes la nueva Ley de Educación ocupó buena parte del discurso de inauguración del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Card. Juan José Omella.
Las palabras del presidente de la CEE
El arzobispo de Barcelona reclamó, una vez más, un pacto educativo que abarque los campos de la vida social, cultural y educativa. “En el episodio de grave crisis social que atravesamos, sabemos que debemos intensificar nuestro compromiso educativo, especialmente allí donde más se sufre”, dijo el presidente de la CEE.
Por otro lado, el prelado lamentó “todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas”, y recordó que no es el momento de poner trabas, sino de “trabajar conjuntamente, de cooperar de forma eficaz y eficiente para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, respetando en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos”.
El retroceso de la asignatura de Religión
Sin embargo, parece que la Ley de Educación sigue su calendario a una velocidad inesperada (se votaron casi mil enmiendas en un día) y la Educación Concertada y la asignatura de Religión parece ser que van a ser las mayores damnificadas.
El proyecto de la ley orgánica educativa que impulsa la ministra de Educación y Formación Profesional quita la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y además su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media para adquirir becar o para los procesos de acceso a la universidad. Un retroceso en el peso de la asignatura que ha provocado el recelo de buena parte del sistema educativo. Más de tres millones de alumnos están matriculados actualmente en la asignatura de religión que el Gobierno desprecia.
La presencia de la Religión católica en los colegios españoles es fruto de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado. Estos tratados, como recuerda el propio texto de la LOMCE, "es de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas". La gestión educativa de la selección de materiales didácticos o de la medición de logros académicos corresponderían a las autoridades religiosas y al profesorado de religión.
Eliminar el criterio "demanda social" para la educación concertada
La intención de la legisladora socialista para la educación concertada es eliminar el criterio de "demanda social" como criterio para la planificación escolar. La demanda social consiste en que los centros concertados puedan abrir más plazas si reciben más demanda de la sociedad. Para Celaá, esta circunstancia se trata de uno de los "aspectos más lesivos" de la LOMCE y un "eufemismo".
Es decir, que, si las familias españolas desean que sus hijos estudien en un centro concertado, no podrán hacerlo en cuanto la última plaza esté ocupada. La consecuencia directa para estas familias será matricular a sus hijos en centros públicos o privados, sin contar con la opción de la concertada. Por lo tanto, los beneficiarios de esas plazas libres serán otros centros, pero no los concertados. Un derecho fundamental que recoge la Constitución en su artículo 27. Este artículo, en sus diez puntos, es la expresión básica del pacto educativo en España con tres pilares: derecho a la educación, libertad de enseñanza y derecho de los padres.
La nueva ley de Educación pretende incrementar las plazas de enseñanza pública a costa de reducir hasta su eliminación la de los colegios concertados. En España se calcula que hay alrededor de dos millones de alumnos estudiando en centros concertados. Con la 'Ley Celaá', el Gobierno intenta poco a poco reducir la presencia de estos alumnos en el conjunto del sistema educativo.
