La tramitación de la Ley Celaá no para de darnos sorpresas. Alejada del mínimo consenso se está convirtiendo en un cajón de sastre donde se recogen la limitación efectiva de la libertad de educación, el acoso a la escuela concertada, la imposición de una ideología oficial. Ahora, gracias al acuerdo entre el PSOE, Podemos y ERC se ha introducido una enmienda en la que se pretende eliminar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en aquellas Comunidades Autónomas en las que exista otra lengua cooficial.

Los nacionalistas llevan acariciando este deseo durante mucho tiempo, pero hasta ahora ha chocado con la jurisprudencia de los tribunales.

Esta propuesta implicaría acabar con los derechos lingüísticos y limitar el ejercicio de la profesión docente rompiendo el principio de la igualdad de todos ante la ley. Si el proyecto de la ministra Celáa se convierte es parte del precio que paga el Gobierno por el apoyo de los partidos que le sostienen, se acabará convirtiendo en la peor legislación educativa de nuestra democracia.

Es necesario que el PP recurra al Tribunal Constitucional si la Ley llega a aprobarse en estos términos, tal como ha anunciado ya Pablo Casado. Si hay una legislación que por su naturaleza y por su repercusión necesita del consenso de todos los españoles es la educativa. Todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.