Once años después nadie puede olvidar lo ocurrido una mañana de verano. La del 20 de agosto de 2008, cuando el vuelo 5022 de la compañía aérea Spanair, que iba a realizar el trayecto Madrid-Gran Canaria, sufrió un siniestro en el aeropuerto de Barajas, segundos después de despegar. Aquello costó la vida a un total de 154 personas. Tan solo sobrevivieron a la tragedia 18 pasajeros.

A raíz de aquello las víctimas, la mayoría de ellos familiares, crearon la Asociación de Afectados del Vuelo Jk5022. No todas se unieron. La aseguradora de Spanair y los intermediarios de los despachos americanos que representaron a muchas familias bajo la promesa de que a través de la justicia americana se haría justicia, se encargaron de dividirlas. Pese a todo, la asociación cuenta con unas 110 familias, tal y como revela Pilar Vera, presidenta de la plataforma, que perdió a una sobrina en el siniestro.

Cuatro años después, en 2012, la Audiencia Provincial de Madrid cerró la investigación penal, agravando así el calvario de los familiares, ya que no se depuraron responsabilidades: “Nos tuvimos que movilizar mucho a nivel nacional, internacional y Legislativo. En esto último, demandamos en 2009 una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para exigir responsabilidades políticas”.

La propuesta de crear una comisión fue denegada bajo el pretexto de que la causa judicial estaba abierta. Finalmente lo lograron en 2013 junto al caso del accidente de tren en Angrois (Santiago de Compostela). No obstante, ambas comisiones se quedaron a medias como consecuencia de las sucesivas convocatorias electorales en los últimos cuatro años: “Estamos pendientes de la formación de un gobierno para registrar de nuevo la comisión, aprovechando los trabajos anteriores. Esperamos que se dicten unas conclusiones que depuren responsabilidades políticas”, apunta Vera.

Pese a que aún no se haya hecho justicia, la asociación puede presumir de varios logros, como haberse convertido en los garantes de la seguridad aérea en la última década: “Son muchos los profesionales como pilotos o controladores que no se fían de los cauces oficiales y acuden a nosotros para denunciar graves deficiencias en el sistema de la aviación civil española. No es para menos esta desconfianza, si tenemos en cuenta que fue la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil la que provocó con su informe final que se archivara judicialmente el siniestro”.

No obstante, la presidenta de la asociación considera que las causas que provocaron la tragedia el 20 de agosto de 2008 siguen latentes en la aviación española: “La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil responsabilizó sin más a los pilotos muertos en el  siniestro, cuando el Sindicato de Pilotos denunció el mismo 20 de agosto en nota de prensa que un hecho así podía ocurrir, ya que en el último año Spanair estaba dando unos fallos de seguridad brutales. Era cuestión de tiempo”.

Para Pilar Vera, el Ministerio de Fomento no cumplió con su obligación de implantar un cuerpo de inspectores ni técnicos para evitar que algo así vuelva a suceder: “El encargado de la Agencia Española de Seguridad Aérea que se implantó después de esta tragedia se mudó en enero de 2009 a un edificio propiedad de la aseguradora de Spanair, lo que demuestra que todos se pusieron de acuerdo para enterrar la catástrofe lo antes posible”.

A día de hoy, las víctimas buscan que salga a la luz el ocultamiento deliberado sobre las causas del siniestro por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil: “No lo decimos nosotros, lo refleja un contrainforme del Colegio Oficial de Pilotos, que revisó el documento en 2012, y hablaba de mentiras y deficiencias gravísimas. Nos sentimos condenados en vida”.

Pilar no deja de ser el reflejo del sentir de todas las familias. Sienten que ya han perdido, porque nadie podrá devolverles a sus seres queridos: “Yo tengo un hartazgo moral, físico y mental importante porque esto es como derribar un muro de cemento a cabezazos. España no aprende de lo que le pasa. Muchas tragedias se repiten porque nadie asume responsabilidades”, lamenta Vera.