Los desahucios ponen a cuatro personas cada hora en la calle, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Algunos de ellos caen en las garras de mafias, 'adquiriendo' de forma fraudulenta el uso de una vivienda previamente okupada por estas organizaciones. Asimismo, también van en aumento las empresas que se dedican a expulsar a estas personas de las viviendas okupadas. Aprovechan los vacíos legales para “tomarse la justicia por su mano”. Así lo considera Irene Escorihuela, directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en una entrevista en 'Crimen y castigo'.

Lo primero que deja claro es que “los desahucios sólo pueden producirse si hay una orden judicial”. Por tanto, todas estas nuevas empresas se saltan el procedimiento judicial de desalojo, hoy en día “agilizado”, y aseguran encargarse de mediar entre el okupa y la persona, física o jurídica que les contrata. El cliente tipo de estas organizaciones suelen ser “empresas que se dedican al negocio inmobiliario” y que quieren “recuperar la vivienda para obtener más ganancias, no por su valor social", según Escorihuela, una afirmación que entra en contradicción con lo afirmado por estas empresas, que aseguran que su cliente más habitual es un particular.

Terror en los túneles del metro: los tensos encuentros de los guardavías con los grafiteros

Los encargados del mantenimiento de las vías por las noches se topan a veces con grafiteros en plena acción: “¡Me rodearon y me tocaron!”

22 jul 2019 - 00:18

“No envían a expertos en negociación con traje y corbata sino a personas corpulentas que intimidan”

Existen varias compañías de 'desalojos exprés', pero todas comparten un mismo modus operandi: comienzan con la fase de negociación y, en caso de que con ella no “echen a la persona de su casa”, pasan al control de acceso a la vivienda. Escorihuela narra las “amenazas y coacciones” a las que se ven sometidas las personas “vulnerables y con pocos recursos” que se encuentran okupando. A pesar de que estas empresas defienden que en familias con situaciones especialmente delicadas -por ejemplo, con presencia de menores- no llevan a cabo el desalojo, la directora de este observatorio asegura conocer el caso del desalojo de una “mujer embarazada”.

En esta fase del proceso, las empresas “no envían a expertos en negociación con traje y corbata” sino a “personas corpulentas que intimidan” con su mera presencia a los habitantes de la vivienda. Para estos casos, desde el Observatorio recomiendan “no abrir la puerta ni dejarles entrar”, hacer público su problema para poder recibir el apoyo de organizaciones y vecinos, y grabar en vídeo cualquier contacto con estas empresas.

Comenzaría entonces la etapa de control de acceso a la vivienda, todo “un eufemismo” para Escorihuela. Aquí es donde la alegalidad en que se mueven alcanza su punto álgido y las fuerzas de seguridad del Estado no disponen de un patrón normalizado de actuación: “A veces la Policía actúa conjuntamente con ellos y otras se pone de parte de quienes habitan en la vivienda”. Esta “relación ambivalente” contribuye a que el problema sea cada vez más complejo. Consciente de esto, Escorihuela se reafirma: “Si no tienen habilitación judicial, no pueden llevar a cabo ningún desalojo”.