En nuestro país se desahucia a cuatro personas cada hora, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Para combatir dichos desahucios trabajan entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, al mismo tiempo que también proliferan las empresas de 'desalojos exprés', a las que se acusa de amenazas y coacciones hacia las familias que se encuentran okupando una vivienda, según el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Marga Rivas, de la PAH madrileña, explica en 'Crimen y castigo' su postura sobre estos negocios.

Aunque reconoce que todavía nadie de su asociación se ha “topado” con ningún empleado de estas compañías, conoce de primera mano sus prácticas “filolegales”. Según cuenta Rivas, “actúan dentro de la legalidad” pero con unos métodos que resultan perjudiciales para los ciudadanos. Se dedican a “amedrentar a las familias para que se vayan”, muchas veces incurriendo en “amenazas o coacciones”.

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22 jul 2019 - 00:14

Además, estas empresas llevan a cabo controles de acceso a las viviendas okupadas, algo que para esta activista es “completamente ilegal”. Esto se apoya en que “sea okupa o no”, el domicilio en que la persona reside por el momento es “su casa”. Por ello, “alguien ajeno a la propiedad” no puede expulsar a los inquilinos si no existe una sentencia judicial. Lo tiene claro: “Las empresas de 'desalojos exprés' deberían desaparecer”.

“Las familias ya tienen bastante”

La mayoría de las familias que acuden a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se encuentran en situación de necesidad. Se trata de personas que “no pueden acceder a una vivienda por el precio abusivo del alquiler”. Por eso Rivas también pide que se regule el precio del arrendamiento, mientras critica las malas prácticas de estas compañías, argumentando que “las familias ya tienen bastante”.

La asociación de Marga Rivas opera en la negociación con “los bancos” propietarios de las viviendas okupadas. Si la entidad decide llevar el asunto a juicio, la PAH aporta documentos que acrediten “la situación de extrema vulnerabilidad” en que se encuentran las familias. En caso de que el juez falle a favor del desalojo, la Plataforma presenta la documentación ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU e intenta utilizar la decisión de dicho organismo para parar el procedimiento.

La última opción es “parar el deshaucio in situ”. En este escenario, los voluntarios tratan de hablar con la comisión judicial y le presentan los escritos del comité de la ONU. Este es un proceso de oposición que se extiende durante “meses e incluso a veces años” y con un desenlace incierto.