Denuncian la situación de los coches afectados por la DANA de Valencia tras siete meses: "Riesgo de robos"

Más de siete meses después de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana a finales de octubre de 2024, miles de coches siguen abandonados en campas de empresas de auxilio en carretera sin que sus propietarios puedan tramitarlos para desguace. El motivo: un bloqueo administrativo que impide dar de baja los vehículos, muchos de ellos sin papeles, sin seguro activo y sin posibilidad de contacto con su titular. La situación, según denuncian desde el sector, es "insostenible", con riesgos reales de robos, vandalismo y daños ambientales.

"Los coches están ahí, ocupando espacio, deteriorándose al sol y a la intemperie, y nadie da una solución. No podemos tocarlos porque legalmente no son nuestros", explicaba en Poniendo las Calles el experto en motor Alfonso García, conocido como ‘Motorman’. "Los vehículos llegaron a esas campas por las grúas de auxilio, por la UME, por los servicios de emergencia, pero ahora los dueños de las campas no pueden ni moverlos ni desguazarlos", añadió.

El silencio

Uno de los mayores escollos para resolver el problema es el acceso a la identidad de los propietarios. En muchos casos, los vehículos no conservan la documentación, y cuando sí la tienen, la Dirección General de Tráfico no facilita los datos del titular alegando motivos de protección de datos. Lo mismo ocurre con los ayuntamientos. "La DGT se escuda en la ley y nos remite a los consistorios, que a su vez nos remiten otra vez a Tráfico", denuncian desde el sector.

Las compañías aseguradoras tampoco colaboran. Según los empresarios de auxilio en carretera, las pólizas solo cubrían la retirada y depósito durante 24 o 72 horas. "Después de eso, se han lavado las manos", afirma uno de los empresarios afectados. "Llevamos más de seis meses costeando nosotros los gastos de custodia, sin poder liberar espacio y sin recibir ni un euro a cambio". Mientras tanto, las campas están abarrotadas y la imposibilidad de cumplir con la normativa ambiental se convierte en un foco de preocupación tanto para trabajadores como para los vecinos.

En los casos más delicados, como cuando el titular del vehículo ha fallecido, no se puede contactar ni con herederos ni con ningún familiar. Sin un requerimiento formal enviado por carta, no se puede activar el proceso de baja administrativa que exige la ley. Un trámite que, además, exige esperar dos meses para dar por concluido el silencio administrativo y proceder al tratamiento como residuo.

Desidia institucional y consecuencias graves

La falta de implicación por parte de las administraciones agrava la situación. "Los funcionarios responsables están desaparecidos", lamenta Alfonso García. "Ni la administración autonómica, ni la nacional, ni siquiera los ayuntamientos están haciendo nada". El sector está estudiando acciones legales, incluso de carácter penal, contra quienes desde las instituciones han generado este colapso burocrático.

"Es un drama ecológico, económico y legal, y nos sentimos completamente abandonados", concluyen desde las asociaciones del sector, que no descartan movilizaciones si no se da una respuesta urgente.

El problema no solo afecta a empresarios y trabajadores. Los vecinos de los municipios afectados también están sufriendo las consecuencias: olor, peligro de incendio, riesgo de robos e incluso la presencia de ratas. Todo ello fruto de la inacción institucional, que ha dejado a miles de vehículos en un limbo legal sin salida.