La última opinión que hemos escuchado este martes sobre la resolución del Pleno del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de amparo del Partido Popular sobre el trámite parlamentario de la reforma del Código Penal, ha sido la declaración institucional realizada por el presidente del Gobierno desde el Palacio de la Moncloa.

Una breve declaración institucional, en la que Pedro Sánchez ha subrayado que la resolución del Tribunal Constitucional es "una decisión sin precedentes" debido al bloqueo de las instituciones del PP por "intereses espurios" y advertía que "el Gobierno, aunque no lo comparta, acata la resolución adoptada por la mayoría conservadora del TC y conforme a la ley, conforme a la Constitución adoptaremos la medidas que sean necesaria para poner fin al injustificable bloqueo del TC y del Poder Judicial".

Afirmaciones que rebate el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz en Mediodía COPE, porque lo que que decidió ayer el Tribunal Constitucional "son cuestiones tan técnicas que las tienen que resolver dentro del Tribunal y que la división haya sido progresistas/conservadores, debilita la imagen del Tribunal. Cuando la presidenta del Congreso y el presidente del Senado y los ministros y el presidente del Gobierno salen a criticar al Tribunal es insólito porque no afecta al Gobierno y si tanto respetamos las formas por qué tiene que intervenir diciendo que acata algo que no le afecta porque es una decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia".

El experto en Derecho Constitucional aclara que "desde el punto de vista jurídico, se abre un plazo de 10 días para que los que se han personado, Ministerio Fiscal, Congreso y el Senado presenten sus alegaciones y ver si los magistrados que se han recusado tienen que abstenerse. Otra cosa que hay que ver es si las medidas cautelarísimas se mantienen o pasa a cautelares y el recurso de amparo seguiría su proceso. Desde el punto de vista externo, lo que es previsible que pase es que ayer el grupo de Más País presentó lo que se tenía que haber hecho desde el principio, presentar una proposición de ley para modificar la ley orgánica del TC y la ley orgánica del Poder Judicial. Si el Congreso y el Senado habilitan el mes de enero para debatir la proposición, nos podemos encontrar que a finales de enero estarán aprobadas las reformas del TC y del CGPJ y todas estas acusaciones recíprocas sobre golpe de estado se desvanezcan como un sueño".

¿Una proposición de ley puede contener enmiendas que nada tienen que ver con su objeto, es constitucional? "Esto lo tenemos ya resuelto, es perfectamente inconstitucional, que es contrario a la Constitución y lo sabemos porque los papeles que ahora tienen el PP y el PSOE se cambiaron. En el año 2003, cuando el Plan Ibarreche para la independencia del País Vasco se iba a someter a referéndum, el PP introdujo una enmienda a una ley distinta al Código Penal que era la Ley Orgánica de Arbitraje y los senadores socialistas consideraron que eso era inconstitucional, que vulneraba su derecho de participación política y el Tribunal Constitucional les dio la razón. Por tanto, ya lo sabemos, sabemos que es inconstitucional. Si aquí tuviéramos unos políticos con cierta lealtad constitucional no se hubieran presentado las enmiendas 60 y 61, porque sabemos que formalmente son inconstitucionales. En una ley orgánica que habla del Código Penal no se pueden poner dos disposiciones adicionales que hablen de otras dos leyes, eso es inconstitucional hasta el día de hoy", subraya el catedrático de Derecho Constitucional.