La decisión de permitir hablar y debatir en el Congreso de los Diputados en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado, es decir, aparte del castellano, el catalán, el euskera y el gallego, está dando de que hablar. Este viernes la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que matizar sus palabras sobre el uso de estas lenguas en su discurso de ayer tras haber sido elegida por el Pleno.

Nada más estrenarse en el cargo, la nueva presidenta de la Cámara Baja anunciaba que a partir de ahora la norma cambiaba para manifestar su “compromiso” con la “riqueza lingüística”. “A partir de este momento”, dijo Armengol. Y es que había que poner voz al compromiso de Sánchez con los nacionalistas, de permitir ese uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.

No obstante, la presidenta ha reconocido hoy que “ahora se tienen que estudiar las posibilidades técnicas de cómo hacerlo” y estudiar “con todos los grupos” este cambio. Así que lo de ayer parece que era simplemente un anuncio de cara a la galería, puesto que por ahora está lejos de que se pueda poner en práctica.

Además, este cambio en principio obligaría a hacer un trámite legal, mucho más amplio que una simple adaptación técnica, como ha declarado Francina Armengol. Según los expertos consultados por COPE, lo más normal sería que se reformara el Reglamento del Congreso de los Diputados.Dicha reforma debería llevarse al Pleno y aprobarse por mayoría absoluta, algo que, visto el resultado de ayer durante la votación de la presidencia de la Mesa, resultaría factible.

Isabel Álvarez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas, advierte de que actualmente “el Reglamento del Congreso no prevé esa situación”, por lo que sería necesaria esa modificación para que el uso de todas las lenguas cooficiales sea realmente legal.

Dejando aparte la reforma de esta norma, existe otra vía con la que Armengol pueda aprobar su propuesta de una forma más rápida y sin pasar por una votación en el Pleno. Podría ponerla en marcha mediante una resolución de la presidencia del Congreso, que básicamente son medidas que complementan ese Reglamento de la Cámara.

De todas formas, si se aprobara a través de esa vía no sería lo habitual, según la profesora de Derecho Constitucional, porque esas resoluciones de la presidencia “no están pensadas para suplir lo que diga el Reglamento”. Para Isabel Álvarez, su propósito es apoyar al Reglamento en posibles lagunas que pueda tener y ayudar en la dinámica de funcionamiento de la Cámara.

Veremos cómo la puesta en marcha del uso de las lenguas cooficiales se va desarrollando, pero parece que tanto por los aspectos técnicos como por los legales, no va a ser muy sencillo.

Al menos está presente el precedente del Senado.Desde el año 2005 la Cámara Alta se considera plurilingüe y desde 2021 los senadores pueden hablar en cualquier lengua cooficial. En el Senado se dedican casi un millón de euros al año a este asunto, y teniendo en cuenta que ambas cámaras llevan una actividad parecida, la cifra podría ser similar o incluso un poco superior.