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Todos los días tenemos conocimiento de noticias que no llegamos a entender. Noticias que tienen que ver con los sentimientos más oscuros que guarda el ser humano y donde el odio es el denominador común.

Un hombre, al que me cuesta llamar padre, ha matado a sus 2 hijas de 2 y 4 años de edad y luego se ha quitado la vida. Todo esto, presuntamente, aunque la huella del crimen es imborrable. Tanto él, de 35 años, como las niñas habrían muerto envenenadas.

Ha ocurrido en un paraje solitario de la provincia de Almería, entre las localidades de Albodoluy y Gérgal una especie de casa de piedra que puede hacer las veces de pequeño cortijo.

Allí, entre cintas de la Guardia Civil, está aparcado un coche negro casi como un presagio tiene las ventanillas medio bajadas y sillitas de bebé en los asientos traseros.

Ese es el escenario que se encontró Alina, la madre, cuando ayer sobre las 10 de la noche acudió a recorgerlas porque su ex pareja no le devolvía las llamadas. Tenía que llevar a las niñas, en un punto de encuentro, tras pasar con él el fin de semana.

Nadie tuvo que decirle a Alina lo que había pasado tiene apenas 23 años y ahora sabemos que la vida con su ex pareja distaba mucho de ser idílica. Una denuncia por malos tratos y una orden de alejamiento lo atestiguan.

A pesar de su origen rumano, la familia era ya conocida en la zona. Ahora ella estaba tratando de rehacer su vida y acudía con frecuencia a un bar del pueblo de Abla donde echaba una mano. Allí aprecian su ganas de salir adelante y es el primer sitio donde Alina acudió a buscar consuelo entre sus compañeros. José es uno de sus compañeros.

Los antecedentes de violencia en la pareja era bien conocidos. Denuncias, ordenes de alejamientos. Lo que resulta llamativo es que ambos compartieran también la patria potestad de las niñas.

Y más aún cuando Alina estaba ya en el sistema VIOGEN. Un sistema policial centralizado en el Ministerio del Interior, destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas en cualquier parte del territorio nacional.

Como tantas mujeres, Alina fue incluida cuando presentó la denuncia y los agentes en esta caso de la Guardia Civil realizan una evaluación sobre el riesgo que corre la víctima. De hecho se había solicitado la imposición de una pulsera seguridad. El juicio con su ex pareja estaba fechado para el 10 de abril y eso podía suponer un punto de inflexión. Desgraciadamente la justicia ha llegado tarde. Algo ha vuelto a fallar.